PSOE y PP se han puesto de acuerdo para una nueva redacción del artículo cuarto del Estatuto de autonomía, el referido a la lengua asturiana. Dicha redacción empeora notablemente la situación actual y es todo un proyecto de demolición. Veámoslo:

El primer párrafo del texto declara el asturiano, en sus diversas variantes locales, «patrimonio lingüístico del Principado de Asturias» y «un valor social de respeto». La proclama en sí no tiene significado ni valor jurídico alguno. Por lo mismo, se lo podía haber calificado de «xilguerín parleru» u otra cualquiera vacua pomposidad o nadería.

A primera vista, pues, parecería que estamos únicamente ante un trampantojo para engañar incautos o ignorantes, pero la cuestión es más grave. Efectivamente, el sintagma «patrimonio lingüístico» y la palabra «respeto» no caen de los cielos, provienen directamente del artículo 3 de la Constitución, que en el 3.1. confirma el castellano como lengua oficial del Estado, en el 3.2. la oficialidad de las demás lenguas españolas en sus comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos, y en el 3.3. dice: «La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección».

Sobre lo que significa este apartado existen dos interpretaciones. Una, absolutamente minoritaria -únicamente la he oído en Cataluña-, sostiene que el texto es meramente redundante con el 3.2. La mayoritaria, y desde luego unánime en Asturies y entre los desafectos con el asturiano, realiza una interpretación sistemática del artículo tercero y, entiende, por ello, que el 3.3. está para atender la tutela de lo que no son ni el castellano ni las demás lenguas. De ese modo, la expresión de «patrimonio lingüístico» vendría a ofrecer una especie de amparo para aquello que no son lenguas, sino otra cosa: dialectos, jergas, «patois», etcétera (de ahí la insistencia del nuevo texto estatutario en las variantes locales). » Leer más: Termitas africanas en Fruela s/n

El pasado día 28 de junio, víspera de san Pedro y san Pablo, durante su visita al barrio de Contrueces, en la villa costera que tiene a aquél por patrón, don Vicente Alberto Álvarez Areces exhortaba a los ciudadanos a «hacer un uso racional del sistema sanitario». Es difícil saber qué quiere decir exactamente el Presidente con la expresión, pero si entendemos por ello lo que parece querer decir, por ejemplo, que los ciudadanos evalúen por sí y ante sí sus síntomas y, en virtud de esa evaluación, no corran a los servicios de urgencias, o que, calculada la probable evolución de su enfermedad, renuncien a acudir al centro de salud, y, en consecuencia, ahorren a la comunidad fármacos y otros posibles gastos; si es eso, que no puede ser otra cosa, resulta, posiblemente, una invitación temeraria.

Pero es que, además, la línea de actuación de los sucesivos gobiernos, y especialmente de los socialistas, viene discurriendo en la dirección de infantilizar a la población, anulando la capacidad de elección de los ciudadanos y conminándolos, cada día más, a que coman o dejen de comer, beban o dejen de beber, fumen o dejen de fumar al arbitrio de los que mandan. Si, por centrarnos en un ejemplo simple, las farmacias no pueden dispensar antibióticos, es obvio que un ciudadano que supiera lo que padece en un momento determinado y, por tanto, pudiera él mismo tratarse -evitando así, gastos y consumo de tiempo a los servicios de salud-, no podría hacerlo.

Ahora bien, conviene subrayar que quien invita a hacer un «uso racional del sistema sanitario» con el fin de contener el gasto es el Presidente de un gobierno que ha puesto en marcha la construcción de un nuevo hospital para Asturies sin haber logrado que la administración central dotase esa nueva inversión convenientemente (pese a haber prometido que lo conseguiría); que ha alargado la construcción del mismo más de dos años sobre el tiempo inicialmente previsto; que viene cobrando para ese fin -al menos así se proclamó al principio- el llamado «céntimo sanitario» (2,4 céntimos, 4 pesetas, en realidad) desde hace años, con los efectos negativos que ello tiene sobre los bolsillos de los asturianos y sobre el conjunto de nuestra economía; que ha permitido que el presupuesto de ejecución de dicha obra haya pasado sin justificación de 205,8 millones a 266,8, con un sobrecoste de 54,5 millones (y lo que te rondaré, morena). » Leer más: La responsable sanidad del Presidente

El chasco en el refrendo irlandés a la constitución de la Europa política, que viene a añadirse a los anteriores rechazos populares en Holanda y Francia, invita a realizar algunas reflexiones.

En primer lugar, sobre las reacciones. Llama especialmente la atención la negativa a aceptar las propias reglas de juego: «unos pocos cientos de miles de votos no pueden parar el proceso» -se dice-. Pero esa era la propia condición establecida. Es más, aunque no exactamente sobre el mismo texto, idéntico rechazo lo han expresado unos cuantos otros millones, holandeses y franceses. Y, en todo caso, tan respetable es la nación irlandesa como la francesa.

Pero más escandaloso aún que el empeño en seguir pese a esa manifestación de la voluntad popular es la percepción de una generalizada vocación antidemocrática en el proceso de la construcción europea: además de que muchos estados van a hurtar a sus ciudadanos el voto y lo van a resolver entre los señoritos y burócratas parlamentarios, se presiona a otros países para que eviten el referéndum. Incluso se llega a decir: «Es que hay cosas que no se deben someter a referéndum». Esto es, que en el parto con fórceps y fertilización in vitro de un supraestado no se debe contar con los ciudadanos que forman los estados que llevan décadas o siglos existiendo. ¿Y con quién piensan ustedes que se alinea el más demócrata de todos, la quintaesencia del respeto a la voluntad popular, el amante del diálogo sin extenuación? Ya saben ustedes con quién lo hace don José Luis Rodríguez, con los del «calla, pueblo, calla». » Leer más: ¿Más Europa?