En memoria de mi apreciado Javier Fortea

Últimos datos de que dispongo. Establecimiento hostelero. Petición de solicitantes de empleo. El INEM anuncia que manda 45, llegan 27, 25 manifiestan no querer el empleo. Taller de coches: comparecientes, 13, ninguno de ellos acepta el trabajo.

Datos semejantes que pueden obtenerse en cualquier parte de España llevan a una evidencia: bajo la rúbrica de «trabajador parado» se engloban diversas situaciones que, a mi entender, deberíamos desovillar si es que queremos atender adecuadamente los casos más dificultosos y, al mismo tiempo, mejorar algunos parámetros de la economía general.

Según mi punto de vista, el concepto de «parado» engloba, al menos, cuatro condiciones distintas:

a) el «parado-parado», el que necesita trabajar, busca empleo y no lo halla.

b) el «parado condicional», que no desea trabajar hasta agotar su prestación de desempleo o, al menos, hasta no encontrar una oferta de trabajo cuya retribución compense suficientemente el abandonar el paro, mientras se tiene.

c) el «parado-asistencial», un número no pequeño de ciudadanos que ya han hecho su vida a vivir de prestaciones sociales (ellos, sus hijos, sus familiares) de varias instituciones, y cuya recuperación para el mundo del trabajo es muy difícil.

d) el «parado-activo» o «parado-choyista», que compagina el cobro del paro con la realización de trabajos en la economía sumergida, a veces en connivencia con la empresa que formalizó su despedido.

Es obvio que la valoración discriminada de estos tipos de paro podría llevar a tratamientos disímiles y más justos de los mismos. Es evidente también que, mientras sobre el «parado condicional» no cabe más que algún tipo de consideración moral, sobre los tipos c) y d) caben otro tipo de juicios. ¿Cuántos son unos y otros? No tengo datos para saberlo ni nadie los tiene. ¿Un cinco, un diez, un quince por ciento del total de parados? ¿Más? Lo que sí es cierto, a juzgar por indicios verosímiles, es que son unos cuantos miles. » Leer más: ¿Hablamos en serio del paro?

A Isidro Caballero Sardina y a todos los amantes de los bolos

Hablar de la enseñanza en este país es enormemente aburrido, por reiterativo e inútil. Con todo, y al calor de la polémica desatada por doña Esperanza Fuenciscla Aguirre y Gil de Biedma, y en vista de las numerosos regüeldos emitidos por el decir morciellesco, digamos algo.

En primer lugar, sobre las dos propuestas de la doña. ¿Qué efectos tendría la consideración de “autoridad pública” para los docentes? En primer lugar, la obvia: las penas por agresión a quien goza de una figura así son mayores (como, por otro lado, ha recordado la Fiscalía General del Estado). ¿Limitaría esa consideración algunas vejaciones o lesiones? Es posible. En todo caso, llama la atención que quienes piden más leña para evitar que nadie conduzca a velocidad o habiendo tomado un vaso de vino, demandan más palo para que nadie fume en público, exigen más látigo para los abusones de mujeres, entiendan, sin embargo, que la amenaza de más penas para los agresores de profesores no tendría efecto disuasorio alguno.

Pero es en un ámbito más trivial y cotidiano donde la figura legal adquiriría más importancia, en el del valor del testimonio o palabra del profesor con respecto a las faltas o transgresiones del alumno hacia sus compañeros o hacia el propio docente. En efecto, el sistema de prejuicios o supuestos que rigen las relaciones en la enseñanza se basa en dos patas: la primera, que el alumno es un dechado de perfecciones; la segunda, que el profesor es un acúmulo de error y maldad. Sobre ello, para corregir las conductas inadecuadas o perjudiciales de los alumnos, se ha montado un procedimiento parajudicial donde la palabra del discente tiene tanto valor como la del docente. De ese modo, las aseveraciones del maestro sobre la conducta impropia del escolín pueden verse sometida a contradicción, hasta el punto de que, a veces, ha de buscar testigos para acreditar la veracidad de sus afirmaciones (que el alumno faltó a un compañero o acosó a una compañera, que dijo o hizo tal o cual cosa en clase, etc.). Que un sistema que debería ser jerárquico convierta al profesor no ya en un mero “primus inter pares”, sino en un “primo” entre iguales, que se equipare la persona de un rapazacu y su palabra con la de un profesor no es, evidentemente, nada que refuerce la autoridad del docente y su capacidad para ejercerla. » Leer más: Profesorado y discurso conservador