En marzo del año 2007, un funcionario de la Administración asturiana, don Xurde Blanco, presentó un escrito ante sus superiores pidiendo un permiso para una prueba médica. La solicitud iba escrita en asturiano, porque así fue la voluntad del demandante y porque entendía que lo amparaba, para ello, la Ley 1/1998, de 23 de marzo. El Gobierno del PSOE e IU no le admitió el escrito, precisamente por estar escrito en la lengua patria. El ciudadano acudió a los tribunales de Uviéu al entender que se vulneraba su derecho a dirigirse a la administración del Principado en asturiano «por escrito u oralmente», tal como reza el artículo 4.2. de la Ley de uso y promoción del bable/asturiano. El juez correspondiente, el del juzgado número 3 de lo contencioso-administrativo, entendió que el citado artículo podía ir más allá de los derechos reconocidos en el Estatuto de autonomía y, por tanto, al plantear una especie de cooficialidad por la puerta de atrás, ser inconstitucional. Con un voto particular, en auto de 25 de febrero de 2010, el Constitucional entendió que no había lugar a la cuestión.

La decisión del Tribunal (el acto mismo y la doctrina) viene a ratificar varias cosas. En primer lugar la razón, siempre desoída, que teníamos en el PAS al afirmar que, en el estrecho ámbito jurídico en que nos movemos, la Ley de uso, promovida e impulsada por nosotros frente a la oposición frontal del PSOE y la reticencia de la mayoría del PP (sólo salvada por la presencia en el Gobierno de don Sergio Marqués y nuestros pactos con él), era y es el máximo que se podía alcanzar. Asimismo que la Ley aprovecha al límite los recovecos legales para acercarse a una especie de paracooficialidad (y tengo aquí que volver a reconocer públicamente la capacidad y sabiduría jurídica de Xesús Cañedo Valle, Secretariu Xeneral del PAS, para hilar tan hábilmente esa trama).

(Quizás convenga señalar, al respecto, que la impulsión y la aprobación de la única ley que tutela la llingua nacional —y la única donde se le da al asturiano la consideración de «lengua»— es precisamente la Ley de uso. Pues bien el impulso y aprobación de la Ley, tan dificultosos, nos valió la incomprensión de muchos sectores asturianistas, una desaforada campaña de IU en nuestra contra, y la defección de los más débiles o cobardes de entre los nuestros, impresionados por aquella campaña hecha a base de ignorancia, necedad y mala fe. En otras palabras: la única tutela legal desarrollada del asturiano existente hoy —la otra, sin desarrollar, la del Estatuto, es mía también— nos costó nuestra presencia en el Parlamento asturiano. Hoy, 12 años después, es el texto legal que invocan tirios y troyanos para defender los derechos lingüísticos de los ciudadanos). » Leer más: Sobre el asturianu, la legislación y el futuro

Algunos darán en pensar, acaso, que el ¡ijujú! del título podría deberse a la sentencia del Constitucional en torno a la cuestión de inconstitucionalidad planteada al respecto de la Ley de uso y promoción del asturiano, pues, como se sabe, fue esa una ley promovida e impulsada por el PAS, la cual, por otro lado, salió adelante pese al permanente filibusterismo del PSOE para evitarlo y a la enorme resistencia de una parte del PP para apoyarla.

La satisfacción a raíz de la sentencia existe. Pero no se debe tanto —aclaro— a la misma sentencia cuanto a que vuelve a poner de manifiesto dos cosas: la primera que, como no nos hartamos de repetir (aunque probablemente pocos nos escuchen), la Ley de uso y promoción era el máximo político que se podía conseguir y que en conseguirlo hubo —como en el cervantino episodio de Basilio y Quiteria— más de industria que de milagro, mas no dejó de haber su migayín de milagro. La segunda, porque el fallo del alto tribunal viene a confirmar lo que ya sabíamos: que el texto legal que promovimos aprovechaba todos los recovecos de la legalidad para impulsar la promoción y normalización de nuestra lengua nacional dentro del estrecho marco jurídico en que nos desenvolvemos. El mérito de ello reposó fundamentalmente en la capacidad y saber de Xesús Cañedo Valle, a quien, una vez más, quiero reconocer su aportación, así como dejo constancia de la tenacidad y empeño de Xurde Blanco, el litigante y causante de esta sentencia.

Pero mis «alvízores» no se deben a esta causa, sino a otra distinta. En efecto, con motivo de la noticia que La Nueva España nos daba de la autorización de una patata transgénica por parte de la UE, hemos hecho memoria de que el Parlamento asturiano, a través de una iniciativa de IU, se ha autoproclamado «región libre de transgénicos». ¡Laus Deo! » Leer más: ¡ALELUYA!

«Aquí, en España, todo el mundo prefiere su secta a su patria, todo el mundo»

¿Es posible un pacto entre PP y PSOE para poner en marcha medidas de calado que afronten la crisis? ¿Desea la población dicho pacto? He aquí dos cuestiones que merece la pena formular ahora que aparentemente la exigencia de acuerdo es universal y que, al tiempo, el acuerdo parece presentarse como una vía imprescindible para salir del agobio.

Olvidemos que hace poco tiempo don Zapatero proclamaba su “nunca pactaré con el PP, por razones ideológicas”, una babayada digna de medalla olímpica. Pasemos por alto, asimismo, que don Rajoy ha llamado a don Zapatero “tonto solemne”: los buenos políticos son capaces de comerse sus propias palabras con una encantadora boba sonrisa cada mañana. La cuestión es más bien otra. ¿Qué pueden pactar entre sí dos fuerzas políticas cuando, por ejemplo, una es partidaria de subir impuestos y otra bajarlos? ¿Alcanzarán tal vez un acuerdo cero jesulín-ubriquiano: no subirlos ni bajarlos? Y si los asuntos atingentes a la legislación laboral, la jubilación, la reducción del gasto de las administraciones públicas y otras quedan fuera del temario, ¿sobre qué cuestiones de importancia radical se podrá negociar? De modo que no constituye sólo un arduo problema el que entre ambas fuerzas haya una visión aparentemente distinta sobre cómo salir de la crisis: es uno mayor el que una parte sustancial de la realidad quede marginada de lo examinable.

Por otra lado, ni al PSOE le interesa llegar a un acuerdo modificando sustancialmente las posiciones que hasta ahora ha venido sosteniendo en esos temas que quedan fuera del debate, ni al PP le convendría apoyar al PSOE, en el caso de que éste —forzado por una necesidad extrema— tuviese que tomar medidas que resultarían duras para todo el mundo y especialmente inaceptables para sus votantes y sus apoyos sindicales. Únicamente de una manera sería ello posible: mediante un gobierno de concentración, puesto que en él las desventajas de la exigencia de sacrificios a la población se compensan con las ventajas de la visibilidad en el poder y la relativización de la “pureza” y capacidad del partido rival. » Leer más: La ficción del pacto de estado contra la crisis