¡Trágala, trágala, trágala, perro!

A nadie le cabrán ya dudas (salvo a las personas de mucha fe, esto es, a los ciegos voluntarios) de que el texto del Estatut catalán es un trágala en toda regla, un trágala que, de ninguna de las maneras, en más o en menos, cabe en el ámbito constitucional.

Es cierto que la redacción actual es una redacción rebajada con respecto al proyecto emanado del Parlament (aquél que Zapatero había prometido que aceptaría tal cual viniese), tras haber sido dulcificado por el dúo nicotinoso Zapatero-Artur Mas y por las Cortes españolas. Pero aún así, muchas de las normas contenidas en dicha Ley-en estado-de-ya-veremos (¿Cuál es el estatus de una ley ya promulgada y refrendada, pero aún no sometida al cepillado del tribunal Constitucional?) no tienen cabida en la Ley de leyes española. No la tienen ni siquiera desde el punto de vista de aquellos que poseen una manga más ancha con respecto a las desviaciones del Estatut, pues aunque de alguno de algunos artículos se haga una lectura restrictiva, esto es, diciendo que en realidad no dicen lo que quieren decir, queda un conjunto de ellos inasumibles incluso por la actual minoría del alto tribunal, el llamado «sector progresista».

Es, pues, evidente que desde el punto de vista jurídico y político, CiU, IU, PSOE, PSC, Zapatero y Artur más han hecho un pan como unas hostias. Ese producto no es únicamente un engendro jurídico, sino que ha tenido graves consecuencias en el orden institucional y político —entre otras, haber provocado una cascada de reacciones en otras comunidades— y seguirá teniéndolas en el futuro.

Pero sobre esos efectos que afectan al ámbito catalán y a las relaciones del conjunto de España (o del estado, si lo prefieren), en un ámbito, y a las relaciones de las comunidades entre sí y a la estima de algunos órganos jurisdiccionales, en otro, el estatuto catalán es un trágala también para los ciudadanos que viven en otras comunidades autónomas, tanto en cuanto individuos como en cuanto ciudadanos de una comunidad.

Porque al margen de las cuestiones relativas a lengua y soberanía, el Estatut establece para Cataluña una capacidad de representación en determinados órganos del estado que no van a tener otras comunidades; fija límites a la igualdad entre los individuos mediante la expresa limitación de las materias en que los ciudadanos tendrán los mismos servicios; determina —y, al parecer, con vocación de eternidad— qué cuota de recaudación tributaria corresponderá a todas las comunidades del estado; se atribuye la potestad de actuar sobre las decisiones del estado o de ponerles límite, tanto dentro como fuera de España… En una palabra, por un lado discrimina a los demás ciudadanos imponiéndoles sus intereses o puntos de vista en determinadas materias y en la organización general de la administración; por otro, adquiere capacidades y potestades que los demás no podrán tener. » Leer más: El trágala del estatut

«El Principado admite que calculó mal sus ingresos», decía un titular de La Nueva España el 7 de abril. Ahí, en ese titular, se resume lo que es una parte muy importante de la política de los sucesivos gobiernos del PSOE y de sus socios de IU: la mentira sistemática, y, en este caso en particular, la mentira y el engaño con las cifras.

Porque el inflar la previsión de ingresos no es una cuestión ocasional, se viene realizando siempre: se hace como que se discute entre los miembros del gobierno, se eleva la estimación de la recaudación y después, efectuado el engaño, cada jefe indio se pone las plumas y realiza la danza tradicional con los gritos de rigor: «presupuesto social», «esfuerzo inversor», «política progresista» y otros del mismo jaez, destinados a provocar en la tribu «¡huhús!» de congratulación y, si es caso, engatusar a algún incauto de fuera. Posteriormente el presupuesto no se ejecuta o, si se ejecuta, se acude a un aumento extraordinario de la deuda, y aquí paz y después gloria (esto es, escaño y canonjías).

Esto es lo habitual, pero cuando la coyuntura y el ejecutivo central aprietan, como es la ocasión (cuatro millones y medio de parados en el conjunto de España, un déficit del 12%, una deuda creciente, problemas para la colocación de la misma), la trampa rescampla, como quien dice, y entonces es necesario confesar que «se fue optimista (un nuevo sinónimo de “mentiroso”)» tres meses antes y hay que meter mano a las cuentas para recortar 149 millones de gasto, aparte de devolver 180 millones de anticipo estatal cobrados de más en el 2009 (porque el gobierno zapateril también lleva dos años mintiéndonos en la misma materia). En total, nada más y nada menos que 342 millones de dinero inexistente, de déficit no declarado, que han de unirse a la deuda acumulada y al descubierto que surja en este 2010.

A unos no les importa mucho, y a otros, nada. Así, el gran jefe Jesús Iglesias se empenacha, sale a bailar a la plaza y lanza los esconxuros rituales: «El PSOE ha caído en el discurso de la derecha» —grita—. De este modo, identificado y exorcizado el mal, los suyos se aquietan y pueden seguir acudiendo, piadosos, al ritual de la comunión y fe colectiva que es el voto. » Leer más: Varita mágica y rebenque