En el año 2002, con motivo de la entrada en vigor del euro y la ratificación del tratado de Niza, señalé, a propósito de la moneda única, que la desaparición de la potestad devaluatoria para los estados obligaba a que los ajustes se tuvieran que realizar por la vía de la reducción de salarios o por la del crecimiento del desempleo. Asimismo, el 05/11/02, apuntaba los posibles problemas de la moneda única en la economía: «Sin embargo, los defensores del déficit cero tienen una parte importante de razón: sin disciplina la moneda europea pierde crédito y queda sometida a tensiones en los mercados financieros, con los efectos negativos que ello tendrá sobre la inflación y los créditos. Ahora bien, puesto que el desiderátum monetario de entropía cero no parece posible, ello quiere decir que cada uno de los nuevos países (con muchas más dificultades económicas que los actuales miembros de la UE) se escaparán de aquélla en la medida que les sea necesario, con lo que los problemas del euro serán mayores.» Y, del mismo modo, señalando los futuros problemas del euro en relación con las divergentes realidades económicas que bajo su techo se acogían, recogía una profecía de algunos economistas: « Toda esa situación puede llevar a que tanto la moneda única como el Banco Central —al menos como depositario de toda la política monetaria— tengan que ser reconsiderados y, acaso eliminados, por inconvenientes. Tres premios nobel, al menos, que yo sepa, Gary S. Bécquer, Milton Friedman y Paul A. Samuelson, se manifestaron en ese sentido en el pasado. Alguno, como Friedman, ha puesto fecha, el 2010.»

El objeto de este artículo no es estrictamente el de señalar lo acertado de tales previsiones, sino, a partir de ello, subrayar que aquellos y otros problemas incardinados en la «veracidad del euro» —en cuanto reflejo de las diversas economías y en cuanto instrumento de política monetaria para toda la zona de la moneda única— tienen difícil solución (si es que la tienen) y que, por tanto, el euro puede verse, de un lado, expuesto a ataques cíclicos de los mercados y, por otro, llevar a políticas monetarias que puedan tener efectos contradictorios en los diversos países, y eso, pese a cuantas medidas se están tomando en estos momentos de respaldo crediticio a concretos países o a la misma moneda. La reconsideración, pues, del Banco Central y del euro deviene inevitable. » Leer más: ¿Hacia una época de convulsiones?

Anoten ustedes: «Si no llegamos a tiempo para la reforma, perderemos dinero»; «De no correr a modificar nuestro estatuto, otras comunidades pueden sacar ventajas económicas». Estas frases, y otras semejantes, las pronunciaron a lo largo del año 2006 el Presidente Areces, el Secretario Fernández, el portavoz Lastra, la mayoría de los que en el PSOE pintaban y pintan algo. Y el 09/12/2006 don Jesús Gutiérrez, Secretario de Organización de la FSA (denominación en Asturies de la franquicia PSOE), expresaba con meridiana claridad lo que supondría concurrir de los últimos a remendar nuestro texto político matriz: «Si llegas de los últimos, comes, pero posiblemente ya no puedas escoger, y a nosotros nos gusta llegar de los primeros para poder elegir. El tiempo que se pierde ahora es irrecuperable».

Estamos en el año 2010, caminando ya hacia la mitad, y no sólo no sabemos nada de la reforma estatutaria, sino que aquel afoguín que en épocas pasadas manifestaban los responsables socialistas ha desaparecido.

Pero no crean ustedes que eran únicamente los discípulos de Pablo Iglesias los que sentían en sus carnes el pruyimientu reformatorio. Durante algunos meses, en aquellas fechas, el PP, a través de don Ovidio, manifestó que ellos querían para Asturies «un estatuto como el catalán», aunque, es verdad, su entusiasmo enfrió antes que el del PSOE.

Quizás podamos completar el panorama recordando que el Presidente Areces manifestaba ya en el 2002 su voluntad de reformar con urgencia el estatuto y que IU, que siempre se consideró abanderada de una modificación estatutaria profunda, está en este tema «calláu como un afogáu» y que prefiere manifestar su singularidad frente al PSOE en otros temas más «verdes», como la incineradora o el embalse de Caleao, o más «constructivos», tal el asunto de El Vasco o el de Villa Magdalena. » Leer más: ¿Qué ha sido de nuestro estatuto?

Al socaire de las estadísticas recientemente publicadas por la Seguridad Social relativas a empleo y estructura poblacional, La Nueva España publicaba el domingo día 18 un editorial en que señalaba nuestro negro presente económico y social y nuestras oscuras perspectivas de futuro.

Lo sustancial de esas cifras es conocido: la población activa más baja de España, un jubilado por cada dos cotizantes, 83.600 parados, un 15% de nuestro PIB que proviene de transferencias de la Seguridad Social, una población progresivamente envejecida y con un récord negativo de nacimientos, lo que augura no sólo una mayor desproporción futura entre activos y jubilados, sino, especialmente, una menor capacidad social de entusiasmo e impulso, al descender la proporción de jóvenes.

Si deseamos completar el panorama actual, no deberemos olvidar que muchos de nuestros jóvenes, si no desean malvivir aquí con un salario bajo o depender de sus padres, deben coger el camino de la emigración, porque nuestra economía —sobre ser pequeña y generar pocos empleos en relación con la población potencialmente activa—no crece, sus empresas son escasamente innovadoras, tienen poco músculo y exportan poco.

Pero a esta situación, negra hoy, más oscura mañana (y eso sin contar los riesgos que entraña la evolución próxima de España), no se ha llegado de cualquier forma. Nos hemos empeñado en ello, ha sido fruto de una política determinada, fruto de la concepción del mundo y de la economía de la izquierda asturiana y sus adláteres sindicales, en especial, evidentemente, del PSOE, que vienen gobernando Asturies desde hace treinta años, tanto en el Gobiernu como en las principales ciudades, con la excepción de los cuatro años de Sergio Marqués y el largo período ovetense pos Antonio Masip. » Leer más: 30 años de fracaso buscado

¡Trágala, trágala, trágala, perro!

A nadie le cabrán ya dudas (salvo a las personas de mucha fe, esto es, a los ciegos voluntarios) de que el texto del Estatut catalán es un trágala en toda regla, un trágala que, de ninguna de las maneras, en más o en menos, cabe en el ámbito constitucional.

Es cierto que la redacción actual es una redacción rebajada con respecto al proyecto emanado del Parlament (aquél que Zapatero había prometido que aceptaría tal cual viniese), tras haber sido dulcificado por el dúo nicotinoso Zapatero-Artur Mas y por las Cortes españolas. Pero aún así, muchas de las normas contenidas en dicha Ley-en estado-de-ya-veremos (¿Cuál es el estatus de una ley ya promulgada y refrendada, pero aún no sometida al cepillado del tribunal Constitucional?) no tienen cabida en la Ley de leyes española. No la tienen ni siquiera desde el punto de vista de aquellos que poseen una manga más ancha con respecto a las desviaciones del Estatut, pues aunque de alguno de algunos artículos se haga una lectura restrictiva, esto es, diciendo que en realidad no dicen lo que quieren decir, queda un conjunto de ellos inasumibles incluso por la actual minoría del alto tribunal, el llamado «sector progresista».

Es, pues, evidente que desde el punto de vista jurídico y político, CiU, IU, PSOE, PSC, Zapatero y Artur más han hecho un pan como unas hostias. Ese producto no es únicamente un engendro jurídico, sino que ha tenido graves consecuencias en el orden institucional y político —entre otras, haber provocado una cascada de reacciones en otras comunidades— y seguirá teniéndolas en el futuro.

Pero sobre esos efectos que afectan al ámbito catalán y a las relaciones del conjunto de España (o del estado, si lo prefieren), en un ámbito, y a las relaciones de las comunidades entre sí y a la estima de algunos órganos jurisdiccionales, en otro, el estatuto catalán es un trágala también para los ciudadanos que viven en otras comunidades autónomas, tanto en cuanto individuos como en cuanto ciudadanos de una comunidad.

Porque al margen de las cuestiones relativas a lengua y soberanía, el Estatut establece para Cataluña una capacidad de representación en determinados órganos del estado que no van a tener otras comunidades; fija límites a la igualdad entre los individuos mediante la expresa limitación de las materias en que los ciudadanos tendrán los mismos servicios; determina —y, al parecer, con vocación de eternidad— qué cuota de recaudación tributaria corresponderá a todas las comunidades del estado; se atribuye la potestad de actuar sobre las decisiones del estado o de ponerles límite, tanto dentro como fuera de España… En una palabra, por un lado discrimina a los demás ciudadanos imponiéndoles sus intereses o puntos de vista en determinadas materias y en la organización general de la administración; por otro, adquiere capacidades y potestades que los demás no podrán tener. » Leer más: El trágala del estatut

«El Principado admite que calculó mal sus ingresos», decía un titular de La Nueva España el 7 de abril. Ahí, en ese titular, se resume lo que es una parte muy importante de la política de los sucesivos gobiernos del PSOE y de sus socios de IU: la mentira sistemática, y, en este caso en particular, la mentira y el engaño con las cifras.

Porque el inflar la previsión de ingresos no es una cuestión ocasional, se viene realizando siempre: se hace como que se discute entre los miembros del gobierno, se eleva la estimación de la recaudación y después, efectuado el engaño, cada jefe indio se pone las plumas y realiza la danza tradicional con los gritos de rigor: «presupuesto social», «esfuerzo inversor», «política progresista» y otros del mismo jaez, destinados a provocar en la tribu «¡huhús!» de congratulación y, si es caso, engatusar a algún incauto de fuera. Posteriormente el presupuesto no se ejecuta o, si se ejecuta, se acude a un aumento extraordinario de la deuda, y aquí paz y después gloria (esto es, escaño y canonjías).

Esto es lo habitual, pero cuando la coyuntura y el ejecutivo central aprietan, como es la ocasión (cuatro millones y medio de parados en el conjunto de España, un déficit del 12%, una deuda creciente, problemas para la colocación de la misma), la trampa rescampla, como quien dice, y entonces es necesario confesar que «se fue optimista (un nuevo sinónimo de “mentiroso”)» tres meses antes y hay que meter mano a las cuentas para recortar 149 millones de gasto, aparte de devolver 180 millones de anticipo estatal cobrados de más en el 2009 (porque el gobierno zapateril también lleva dos años mintiéndonos en la misma materia). En total, nada más y nada menos que 342 millones de dinero inexistente, de déficit no declarado, que han de unirse a la deuda acumulada y al descubierto que surja en este 2010.

A unos no les importa mucho, y a otros, nada. Así, el gran jefe Jesús Iglesias se empenacha, sale a bailar a la plaza y lanza los esconxuros rituales: «El PSOE ha caído en el discurso de la derecha» —grita—. De este modo, identificado y exorcizado el mal, los suyos se aquietan y pueden seguir acudiendo, piadosos, al ritual de la comunión y fe colectiva que es el voto. » Leer más: Varita mágica y rebenque

En marzo del año 2007, un funcionario de la Administración asturiana, don Xurde Blanco, presentó un escrito ante sus superiores pidiendo un permiso para una prueba médica. La solicitud iba escrita en asturiano, porque así fue la voluntad del demandante y porque entendía que lo amparaba, para ello, la Ley 1/1998, de 23 de marzo. El Gobierno del PSOE e IU no le admitió el escrito, precisamente por estar escrito en la lengua patria. El ciudadano acudió a los tribunales de Uviéu al entender que se vulneraba su derecho a dirigirse a la administración del Principado en asturiano «por escrito u oralmente», tal como reza el artículo 4.2. de la Ley de uso y promoción del bable/asturiano. El juez correspondiente, el del juzgado número 3 de lo contencioso-administrativo, entendió que el citado artículo podía ir más allá de los derechos reconocidos en el Estatuto de autonomía y, por tanto, al plantear una especie de cooficialidad por la puerta de atrás, ser inconstitucional. Con un voto particular, en auto de 25 de febrero de 2010, el Constitucional entendió que no había lugar a la cuestión.

La decisión del Tribunal (el acto mismo y la doctrina) viene a ratificar varias cosas. En primer lugar la razón, siempre desoída, que teníamos en el PAS al afirmar que, en el estrecho ámbito jurídico en que nos movemos, la Ley de uso, promovida e impulsada por nosotros frente a la oposición frontal del PSOE y la reticencia de la mayoría del PP (sólo salvada por la presencia en el Gobierno de don Sergio Marqués y nuestros pactos con él), era y es el máximo que se podía alcanzar. Asimismo que la Ley aprovecha al límite los recovecos legales para acercarse a una especie de paracooficialidad (y tengo aquí que volver a reconocer públicamente la capacidad y sabiduría jurídica de Xesús Cañedo Valle, Secretariu Xeneral del PAS, para hilar tan hábilmente esa trama).

(Quizás convenga señalar, al respecto, que la impulsión y la aprobación de la única ley que tutela la llingua nacional —y la única donde se le da al asturiano la consideración de «lengua»— es precisamente la Ley de uso. Pues bien el impulso y aprobación de la Ley, tan dificultosos, nos valió la incomprensión de muchos sectores asturianistas, una desaforada campaña de IU en nuestra contra, y la defección de los más débiles o cobardes de entre los nuestros, impresionados por aquella campaña hecha a base de ignorancia, necedad y mala fe. En otras palabras: la única tutela legal desarrollada del asturiano existente hoy —la otra, sin desarrollar, la del Estatuto, es mía también— nos costó nuestra presencia en el Parlamento asturiano. Hoy, 12 años después, es el texto legal que invocan tirios y troyanos para defender los derechos lingüísticos de los ciudadanos). » Leer más: Sobre el asturianu, la legislación y el futuro

Algunos darán en pensar, acaso, que el ¡ijujú! del título podría deberse a la sentencia del Constitucional en torno a la cuestión de inconstitucionalidad planteada al respecto de la Ley de uso y promoción del asturiano, pues, como se sabe, fue esa una ley promovida e impulsada por el PAS, la cual, por otro lado, salió adelante pese al permanente filibusterismo del PSOE para evitarlo y a la enorme resistencia de una parte del PP para apoyarla.

La satisfacción a raíz de la sentencia existe. Pero no se debe tanto —aclaro— a la misma sentencia cuanto a que vuelve a poner de manifiesto dos cosas: la primera que, como no nos hartamos de repetir (aunque probablemente pocos nos escuchen), la Ley de uso y promoción era el máximo político que se podía conseguir y que en conseguirlo hubo —como en el cervantino episodio de Basilio y Quiteria— más de industria que de milagro, mas no dejó de haber su migayín de milagro. La segunda, porque el fallo del alto tribunal viene a confirmar lo que ya sabíamos: que el texto legal que promovimos aprovechaba todos los recovecos de la legalidad para impulsar la promoción y normalización de nuestra lengua nacional dentro del estrecho marco jurídico en que nos desenvolvemos. El mérito de ello reposó fundamentalmente en la capacidad y saber de Xesús Cañedo Valle, a quien, una vez más, quiero reconocer su aportación, así como dejo constancia de la tenacidad y empeño de Xurde Blanco, el litigante y causante de esta sentencia.

Pero mis «alvízores» no se deben a esta causa, sino a otra distinta. En efecto, con motivo de la noticia que La Nueva España nos daba de la autorización de una patata transgénica por parte de la UE, hemos hecho memoria de que el Parlamento asturiano, a través de una iniciativa de IU, se ha autoproclamado «región libre de transgénicos». ¡Laus Deo! » Leer más: ¡ALELUYA!

«Aquí, en España, todo el mundo prefiere su secta a su patria, todo el mundo»

¿Es posible un pacto entre PP y PSOE para poner en marcha medidas de calado que afronten la crisis? ¿Desea la población dicho pacto? He aquí dos cuestiones que merece la pena formular ahora que aparentemente la exigencia de acuerdo es universal y que, al tiempo, el acuerdo parece presentarse como una vía imprescindible para salir del agobio.

Olvidemos que hace poco tiempo don Zapatero proclamaba su “nunca pactaré con el PP, por razones ideológicas”, una babayada digna de medalla olímpica. Pasemos por alto, asimismo, que don Rajoy ha llamado a don Zapatero “tonto solemne”: los buenos políticos son capaces de comerse sus propias palabras con una encantadora boba sonrisa cada mañana. La cuestión es más bien otra. ¿Qué pueden pactar entre sí dos fuerzas políticas cuando, por ejemplo, una es partidaria de subir impuestos y otra bajarlos? ¿Alcanzarán tal vez un acuerdo cero jesulín-ubriquiano: no subirlos ni bajarlos? Y si los asuntos atingentes a la legislación laboral, la jubilación, la reducción del gasto de las administraciones públicas y otras quedan fuera del temario, ¿sobre qué cuestiones de importancia radical se podrá negociar? De modo que no constituye sólo un arduo problema el que entre ambas fuerzas haya una visión aparentemente distinta sobre cómo salir de la crisis: es uno mayor el que una parte sustancial de la realidad quede marginada de lo examinable.

Por otra lado, ni al PSOE le interesa llegar a un acuerdo modificando sustancialmente las posiciones que hasta ahora ha venido sosteniendo en esos temas que quedan fuera del debate, ni al PP le convendría apoyar al PSOE, en el caso de que éste —forzado por una necesidad extrema— tuviese que tomar medidas que resultarían duras para todo el mundo y especialmente inaceptables para sus votantes y sus apoyos sindicales. Únicamente de una manera sería ello posible: mediante un gobierno de concentración, puesto que en él las desventajas de la exigencia de sacrificios a la población se compensan con las ventajas de la visibilidad en el poder y la relativización de la “pureza” y capacidad del partido rival. » Leer más: La ficción del pacto de estado contra la crisis

En los últimos tiempos no es infrecuente leer u oír (también en la calle, no sólo en los medios) la idea de que nos acercamos a una «argentinización» de nuestra sociedad: empobrecimiento generalizado, degradación social, destrucción del tejido productivo, estancamiento, control total de la sociedad por unos partidos con un alto nivel de corrupción. Todo ello, tras un largo período en que las decisiones políticas, apoyadas una y otra vez por los ciudadanos, acaban por «comerse el país». ¿Es ello sólo un discurso derrotista o destructivo o tiene puntos de apoyo en la realidad para mantenerse?

Déjenme decir, ante todo, que no me parece probable que vayamos a recorrer ese camino, pero creo que, de todas formas, debemos señalar cuáles son los elementos estructurales o de coyuntura que invitarían a recorrer esa senda.

En primer lugar el déficit, que se sitúa en algo más del 11% del PIB en las cuentas del Estado, y al que habría que añadir el de ayuntamientos, comunidades y diputaciones. Pese a la subida del IVA y algunos otros impuestos, no es probable que mientras no se produzca una recuperación muy vigorosa (y ello va a ir más allá de este 2010) esa cifra disminuya. Existe, es cierto, un cierto colchón en nuestro nivel de deuda, pero se agotará pronto. En segundo lugar, la previsible evolución del número de pensionados, amenazadora desde hace mucho tiempo. En tercer lugar, el mercado de trabajo y la negociación colectiva, con desajustes importantes y barreras que dificultan la contratación, encarecen los costos relativos de las empresas e impiden asentarse en el empleo a los trabajadores recién llegados. En cuarto lugar, y muy especialmente, nuestra escasa productividad y la composición de nuestra estructura productiva, que nos hace muy poco competitivos y, por tanto, poco capaces de crear empleo. En relación, al tiempo, con esta escasa competitividad y con la burbuja «de expectativas de ganancias y crecimiento futuros» de los últimos años, está uno de los vectores de nuestra mala posición para competir —el otro, es el tecnológico—: los costos salariales (recuérdese el análisis del Nobel «zapateril» Krugman afirmando que los españoles deberíamos rebajarnos el sueldo un 25%). Y, finalmente, nuestra enorme deuda exterior y los problemas de algunas entidades financieras, que en las últimas semanas ha tenido una traducción visible en la retribución de nuestros bonos de deuda y en la desconfianza de los mercados hacia España, causante de la estrepitosa caída bursátil de estos días.

¿Tiene solución todo ello? En estos momentos, mientras redacto este artículo, el señor Campa y la ministra Salgado lo andan repitiendo por Europa: «España ya ha salido de una situación como esta». Cierto, lo que no dicen es que ni el PSOE ni el Presidente, Zapatero, están dispuestos a tomar ninguna medida que lo pueda solucionar. Tenemos estos días tres ejemplos: la propuesta y retirada del aumento de la edad de jubilación, la propuesta y retirada del período para el cálculo de las pensiones, el inconcreto y escurridizo documento sobre la reforma laboral. Y si acudimos a estos últimos años, en especial, desde el 2007, lo que caracteriza fundamentalmente a este Gobierno es la voluntad de inacción en materia económica y de relaciones laborales. » Leer más: ¿hacia la argentinización de España?

Un número abundante de asturianos conocen la anécdota, del primer tercio del XX: en un teatro xixonés tarda en aparecer quien debe llegar a escena y el público se impacienta. Cuando ya hierve excesivamente el rumor, se encarga a un personaje popular, el Manquín, que salga a pedir disculpas. Aparece por un lateral del telón y se dirige al público para demandar calma y paciencia. Una voz altisonante y burlesca emerge desde el paraíso: «¡Manquín!, ¿yes empresariu?». Mancillado en su decoro, el Manquín replica: «Soy la p. que te parió». Como puede suponerse, a partir de ese momento, la algarabía no hizo más que crecer.

Estas semanas pasadas hemos asistido a un espectáculo de semejante corte bufo. Ante el viaje que el Gobierno y algunas organizaciones empresariales han programado por ciertos países sudamericanos, entre ellos Cuba, el PP, con su presidente, don Ovidio a la cabeza, ha venido a sugerir que los objetivos del viaje parecían más de tipo «placentero» (especialmente aquellos que se pudieren realizar en Cuba) que comercial. La crítica provocó de forma inmediata una ofendida respuesta empresarial, tanto de FADE como de treinta importantes empresas asturianas, que suscribieron un manifiesto conjunto. Un empresario, incluso, don Aquilino Iglesias Secades, publicó, a título personal, una respuesta aquí, en La Nueva España, con el título de «La duda ofende».

¿A qué se ha debido esa salida de tono del PP, más propia de un partido marginal, y que, por otro lado, reitera, como después veremos, actitudes semejantes de esa formación política? » Leer más: ¡Manquín,! ¿yes empresariu?

La asociación Xuristes pol Asturianu viene, desde hace tiempo, defendiendo con tenacidad los derechos colectivos e individuales con respecto al asturiano, y denunciando, asimismo, los flagrantes incumplimientos que con respecto a dichos derechos y a la legislación que los ampara se producen.

La última denuncia de que hemos tenido noticia ha sido motivada por el trato dispensado en el Ayuntamiento de Xixón a un ciudadano. A dicho ciudadano, cuyo nombre es asturiano, pretendió rectificársele su patronímico en la instancia que presentaba, al tiempo que la funcionaria que lo atendía se mofaba de él por aquella razón. Paralelamente a la queja por esa conducta, Xuristes pol Asturianu denuncia asimismo que el Ayuntamiento, pese a todas sus promesas y campañas al respecto, incumple también la Ley de uso y promoción del asturiano, entre otras cosas, por no disponer de impresos bilingües y por no constar el nombre de Xixón en ellos.

El caso no es insólito, más bien todo lo contrario: quien tenga un patronímico de verdad en lengua asturiana (y digo “de verdad” porque hay muchos que sólo lo tienen de mentirijillas) sabe por experiencia con cuánta pugnacidad se resisten a aceptarlo o a darlo por bueno muchos asturianos. Y uno nunca deja de preguntarse cuál es exactamente el virus de intolerancia y autoodio que se ha inoculado a muchos de nuestros conciudadanos (o de que se han provisto ellos mismos). Porque personas generalmente civilizadas y pacíficas sufren una repentina efervescencia interior cuando sienten hablar asturiano en situaciones que ellos creen que no debería hablarse o cuando lo hablan quienes ellos piensan que no deberían hacerlo. Es más, son capaces de abandonar su educación y convertirse en «faltonas» con quien se expresa en su llingua o tiene su nombre de pila en ella. Y no se piense que son esos ciudadanos puristas del castellano, que no admiten que nadie se identifique con una etiqueta personal que no sea “al hispánico modo”. No, esas personas reciben con total naturalidad o benevolencia cualquier nombre extraño, japonés, bengalí, ruso, proveniente de un culebrón sudamericano o de las entrañas del glamour hollywoodense. Lo único que les excita y les irrita, hasta, como decimos, modificar su natural ser civilizado para convertirlos en maleducados y faltonos, es el asturiano. » Leer más: Seguimos como siempre

En los últimos días se ha vuelto a reproducir una vieja discusión en el Gobierno que nos agobia: la Viceconsejera de Medio Ambiente, doña Belén Fernández, ha reiterado que son absolutamente necesarias y urgentes una incineradora para las basuras de toda Asturies y una presa en Caleao, la primera porque el actual vertedero se agota en el 2015, la segunda porque la zona central de nuestro país lleva ya tiempo consumiendo más agua de lo que es la afluencia de su caudal. IU, socios de Gobierno de doña Belén y el PSOE, ha vuelto a repetir lo dicho tantas veces por ellos: que ninguna de las dos obras son necesarias y que no se harán.

¿Qué cabe pensar al respecto? Desechemos, en principio, que doña Belén padezca alguna grave enfermedad psiquíca o que sufra alteraciones temporales por la ingestión de alguna sustancia alucinógena, entre otras cosas, porque las afirmaciones sobre la absoluta necesidad y urgencia de ambas estructuras han sido proclamadas en multitud de ocasiones por otros miembros del PSOE, como el señor Areces o la señora Carcedo. Así las cosas, sólo caben dos opciones: es cierto que se necesitan la presa de Caleao y la incineradora; es falso.

Empecemos por esta última hipótesis: las afirmaciones del PSOE no responden a realidad ninguna. ¿A qué se debe, entonces, su insistencia, en una materia que, en principio, no despierta simpatías populares? Sólo conozco una respuesta razonable, la ha dado IU (La Nueva España, 03/01/10, página 31): los socialistas confunden «las necesidades de la población con los intereses de algunas empresas», defienden «más los intereses del hormigón que los del desarrollo sostenible». En claro, el PSOE (puesto que no es sólo doña Belén Fernández, lo reitero, quien sostiene esa postura) es un gestor de los intereses de ciertas empresas, trabaja de consuno con ellas. De decir eso a afirmar que tiene intereses en las mismas y de las mismas obtiene beneficios no existe más distancia que la de la prudencia o la del disimulo. » Leer más: ¿Un gobierno de traca o un gobierno de truco?

Autor y representación: PSOE

Sainete. Acto primero. Decorado: prados verdes y montes al fondo, un alto horno a la derecha. Personajes: Un ministro del Gobierno Central, el Presidente del Gobierno local. Ufanos y satisfechos, ambos se acercan al proscenio y proclaman la buena nueva al público: “Arcelor Mittal se compromete a invertir en el trienio 2010-2012 las grandes inversiones (1.100 millones) previstas para Asturies, incluida la reconstrucción del horno alto B”. A continuación, desciende sobre el escenario una mesa repleta de invitados y ambos personajes reparten entre ellos diversos manjares. Cae el telón mientras se perciben ruidos de platos, cubiertos y manduca. Algún eructo.

Acto segundo. Siete días después. Personaje: La Verdad. En este caso, lleva un vestido con insignias de sindicalista del metal y de Arcelor Mittal. Después de dar unas vueltas por el proscenio guiña un ojo a los espectadores y les dice: “Las inversiones grandes, hoy por hoy, no están encima de la mesa. Es muy difícil que teniendo nueve hornos altos cerrados en Europa una multinacional emprenda un aumento de producción”.

Entremés. Escena primera. Decorado: el mismo que en el sainete anterior, el alto horno ha sido sustituido por un castillete. Aparece el Trolero Primero (viste de Secretario General): “El PSOE es el único partido serio en Asturias y en España, y apoya sin fisuras Lada-La Velilla”. Sale ahora un grupo de personajes, todos iguales, que hablan al mismo tiempo y caminan al compás; los uniformiza idéntica máscara: “El PSOE apoya sin fisuras Lada-Velilla, aquí y en España”. A continuación, Trolero Segundo. Figura un ministro del Gobierno Central y luce una guirnalda de bombillas en su cabeza: “Lada-La Velilla se contempla en la planificación energética y tiene el apoyo del Ministerio. Será una de las prioridades durante la presidencia europea. Es buena para Asturias y también para León”. » Leer más: Comedias del género troleril

Lo ocurrido con Diego Pastrana, el ciudadano que fue acusado falsamente de malos tratos y vejaciones sexuales a una menor, y que fue corrido a pelo y humillado por una opinión popular excitada por algunos funcionarios y periodistas, ha provocado, por su patente injusticia, una no pequeña convulsión social y ha propiciado una cierta reflexión apesadumbrada entre los medios de comunicación. Pero creo que merece la pena ir más allá y extender la mirada por todo el territorio de nuestra sociedad.

La primera de las responsabilidades ha de situarse donde está: en unos parlamentarios que legislan guiados por la presión de la moda, sin tener en cuenta, en unos casos, la realidad sobre la que perpetran sus textos, en otros, los efectos dañosos de esa legislación («acéfalos legislantes», los vengo calificando desde hace tiempo); en unos partidos políticos alejados de la sociedad, y cuyo único proyecto político son las demandas de coyuntura de ciertos grupos encajados en sus estructuras o que parecen tener efectos gravitatorios sobre su voto; un Tribunal Constitucional que, él también, se ha dejado llevar por el impulso de lo políticamente pío y ha rubricado la desigualdad sustancial de hombre y mujer en las penas relativas a las cuestiones de violencia y la condición culposa de todo varón en esa materia hasta tanto no demuestre su inocencia.

Todo ello, más el griterío amplificador en torno a la cuestión, es lo que explica que un médico prefiera crear un corpus de culpabilidad sexual antes que buscar explicaciones también posibles pero que «molan poco», ya que sabe que nadie le dirá nada por equivocarse al atribuir razones sexuales a los daños de una pobre niña (y empapelar a un inocente, como consecuencia de ello), pero lo crucificarían por «ocultar» esos daños. Es esa ola de histeria social a la caza de brujas, o, por mejor decir, en este caso, de bucos, la que explica que la guardia civil haya acosado en los interrogatorios a Diego Pastrana como si fuese un sanguinario destripador en serie; la que justificó a miembros de las fuerzas del orden y a funcionarios judiciales para que filtrasen los falsos expedientes sobre el acusado y sus entradas y salidas al juzgado, a fin de que el encausado como «diabólico malhechor» fuese enjuiciado, condenado y humillado desde el primer momento; todo ello, además, estoy seguro, acompañado de la satisfacción moral de esos funcionarios por actuar como brazo armado de la justicia. Y, cómo no, es ese ambiente —provocado, repitámoslo, por la legislación, por los partidos políticos y por ciertos grupos de presión — el que ha provocado la general irresponsabilidad de los medios de comunicación al trasladar la idea de la culpabilidad incontrovertible de Pastrana. » Leer más: Un cierto olor a Zugarramurdi

La reacción de una parte de la sociedad catalana con respecto a la revisión de su Estatut, la negativa a que pueda ser modificado por el Constitucional es perfectamente comprensible. El Estatut nunca ha sido considerado un texto constitucional, sino preterconstitucional. Es decir, ha sido concebido como un pacto entre dos soberanidades autónomas, la catalana y la española, que, en virtud de su voluntad, han pactado entre sí un acuerdo para compartir soberanía (una especie de intersección de conjuntos), la reglada, precisamente, en el texto catalán.

No se piense que ha sido ese un punto de partida privativo de los independentistas/particularistas catalanes, ha sido también el que ha guiado las actuaciones de todos quienes han apoyado el texto (PSOE e IU, entre otros) y el supuesto jurídico de facto con el que han legislado tanto el parlamento catalán como el de Madrid. En ese sentido, las palabras de Zapatero, «aceptaré el estatuto que venga de Cataluña», no eran otra cosa que el reconocimiento de esas dos soberanías previas.

De ahí que en una parte importante de Cataluña no se entienda que nadie pueda recortar un texto que goza de la legitimidad del pacto entre soberanías y que ha sido refrendado por el pueblo. Agotado ahí el trayecto legitimador, la intervención del Constitucional sería una intervención “desde fuera” («de una tercera o cuarta cámara», se ha dicho), de alguien que no tendría derecho a llevar una vela en ese entierro o epifanía: las competencias del Constitucional, pues —digámoslo con otras palabras—, tendrían que ver, desde esa concepción de las realidades políticas, con las leyes españolas, no con aquellas que emanan del pueblo catalán, al menos con aquella que constituye su «carta fundacional». » Leer más: El Estatut y Asturies

Las perspectivas que ha publicado días pasados el INE sobre la evolución futura de la demografía asturiana (menos población, más envejecimiento, menos nacimientos, todo ello en los puestos de cabeza de España y de Europa) no aportan ninguna novedad sustancial a lo que ya sabíamos. Ahora bien, quizá convenga subrayar su significado: reflejan la constatación de un total fracaso económico y social, el de estos últimos treinta años.

Asturies ha venido recibiendo en estas tres décadas pasadas enormes inversiones del Estado y de España, en políticas económicas (incentivos, reconversiones), en infraestructuras, en políticas sociales (pensiones, prejubilaciones). Sin embargo, ninguno de estos vectores ha impedido que nuestra estructura económica siga siendo poco efectiva, pequeña y, cada vez, más distanciada de la del conjunto de España; de escaso dinamismo. Ello se ha traducido en la falta de perspectivas para el conjunto de nuestra sociedad y en el crecimiento de la emigración de los jóvenes, ya por necesidad económica, ya por razones de ímpetu vital. Evidentemente, nuestra paralítica economía no ha sido capaz de traer gentes de fuera.

Es cierto que, en alguno de los vectores del crecimiento demográfico, la natalidad, por ejemplo, no interviene únicamente el factor económico, pesan también cuestiones de mentalidad y de discurso social, pero, aun así, esos vectores «superestructurales» están íntimamente ligados al de las perspectivas económicas y con él se realimentan. » Leer más: Demografía: el espejo del fracaso

No sé si ustedes habrán visto lo que ocurre en un gallinero cuando entra el amo con un puñado de maíz para echarlo a les pites: los bípedos plumados se excitan, cacarean, abren sus alas, se pelean por los granos y, sobre todo, acuden con prontitud y alborozo a donde, con la guía de sus lanzamientos, los conduce el amo.

Durante todo el tiempo en que el PSOE ha venido gobernando en la era d. Z., ha estado vigente la llamada “Ley Beckham”, una ley pensada por el PP para que científicos, altos directivos y otros personajes de elite tuvieran en España una fiscalidad reducida, de modo que su tope de cotización en el IRPF fuese el 24%, y no el 43%, como ocurre para el conjunto de los mortales residentes en España. En términos concretos, esa modificación afectaría a unas 200 personas de las alrededor de 2000 que tienen régimen especial por extranjeros residentes temporalmente en España y acogidos a esa normativa, y vendría a suponer entre 80 y 100 millones de euros.

Por otro lado, la nueva reglamentación no se aplicaría a aquellas personas que ya están insertas en ella. En cuanto a su entrada en vigor, hay contradicciones: algunos aseguran que lo haría el 1 de enero de 2010, la ministra Salgado ha dicho que “más allá”. En fin, que ello y otros aspectos está aún por negociar; con grupos minoritarios de las Cortes, por un lado, con los clubes, por otro. » Leer más: Maíz pa les pites

El último ministro de Educación, Ángel Gabilondo Pujol, ha lanzado dos ideas: la de la necesidad de un pacto sobre la enseñanza y la de prolongar la educación obligatoria hasta los dieciocho años. Acerca del pacto soy absolutamente escéptico, ante todo, porque el discurso de negación de la postura del otro viene constituyendo un elemento emocional simbólico en la identidad política partidaria, especialmente en la izquierda; además, porque, salvo a una parte del profesorado, nunca he oído discutir sobre la enseñanza, sino sobre los discursos que dicen hablar sobre la enseñanza. Y ello nos lleva a la segunda de las cuestiones, la hipótesis de que la educación obligatoria incluya lo que ahora es el Bachillerato.

Pónganse ustedes en una clase de un centro de enseñanza secundaria adonde acuden vástagos de la clase media y media-alta. Sitúense ahora en un aula de Bachillerato, tramo de instrucción en que no se está por obligación, sino por voluntad. Pues bien, si el curso es normal, es decir, si no es especialmente conflictivo, deberán dedicar un veinte por ciento del tiempo de clase a reclamar silencio y atención, ahora a éste, ahora a aquél, ahora a dos o cuatro escolinos. Eso mientras usted explica o trabaja en interacción con ellos. Si la actividad es labor del alumno (redacciones, problemas, análisis, etc.), un porcentaje alto pasará el tiempo lectivo sin hacer absolutamente nada, otros empezarán la tarea y sólo una pequeña parte habrá trabajado con interés y continuidad. Este es el problema real de la enseñanza en el más óptimo de los ámbitos y con la mejor condición del alumnado. A partir de ahí, las situaciones reales son peores o mucho peores. Podemos hacer una traducción e imaginar, mutatis mutandis, cómo veríamos las cosas si en una cadena de montaje cada uno trabajase cuando le diese la gana o si en una oficina no hubiese nadie en varias horas para atender al público. Pues para ese fiasco y ese fraude se invierte mucho esfuerzo individual y mucho dinero público.

Añadamos un dato importante y es el de que la presión a favor del aprobado, desde los ámbitos institucionales y sociales, es tan grande que, pese al alto fracaso escolar español, es seguro que no menos de un diez por ciento de los aprobados, lo son ficticios, «de regalo». » Leer más: El tuétano de la enseñanza

El secuestro del atunero Alakrana en aguas somalíes ha vuelto a poner de relieve, una vez más, el espectáculo bufo que, en muchas ocasiones, constituyen nuestros tribunales. Pero, fundamentalmente, lo que viene a evidenciar, es que en nuestro país «se legisla con las témporas», según he dicho aquí, en la Nueva España, decenas de veces; esto es, se legisla, de un lado, sin tener conocimiento de la realidad ni contar con ella, de otro, con la única finalidad de caer bien y ser simpático a los bienpensantes, sean cuales sean las consecuencias de lo que se legisla.

Porque, por ejemplo, al respecto del pirata de edad indefinible no es lo absurdo o lo ridículo el vodevil de contoneos y parajismos de escrúpulos que manifiestan jueces y fiscales en Madrid, sino que nuestro Parlamento haya legislado de modo y manera que un tipo que coge una ametralladora y se lanza a robar, secuestrar y matar mundo adelante sea considerado un ser no plenamente dotado de madurez, y, por lo tanto, parcial o totalmente irresponsable si no ha cumplido todavía lo dieciocho años. No es necesario recordar que, con doce y catorce años, muchos de nuestros abuelos emigraban a América, basta con mirar alrededor en nuestro mundo contemporáneo para ver la realidad tal como es, o con reparar en que nuestros gobernantes consideran suficientemente madura a una mujer de dieciséis años para que tome la decisión de abortar.

Hasta ahora ese disparate legislativo —en cuanto genérico, pues bien se podrían separar, en ese tramo de edades, tipos de delitos, gravedad de los mismos, armas utilizadas para su ejecución… —, ha servido para que determinados grupos de delincuentes se aprovechen de él y pongan a menores a cometer robos y hurtos. ¿Qué ocurrirá si grupos terroristas pasan, asimismo, a aprovechar el portillo? » Leer más: Acéfalos legislantes

En memoria de mi apreciado Javier Fortea

Últimos datos de que dispongo. Establecimiento hostelero. Petición de solicitantes de empleo. El INEM anuncia que manda 45, llegan 27, 25 manifiestan no querer el empleo. Taller de coches: comparecientes, 13, ninguno de ellos acepta el trabajo.

Datos semejantes que pueden obtenerse en cualquier parte de España llevan a una evidencia: bajo la rúbrica de «trabajador parado» se engloban diversas situaciones que, a mi entender, deberíamos desovillar si es que queremos atender adecuadamente los casos más dificultosos y, al mismo tiempo, mejorar algunos parámetros de la economía general.

Según mi punto de vista, el concepto de «parado» engloba, al menos, cuatro condiciones distintas:

a) el «parado-parado», el que necesita trabajar, busca empleo y no lo halla.

b) el «parado condicional», que no desea trabajar hasta agotar su prestación de desempleo o, al menos, hasta no encontrar una oferta de trabajo cuya retribución compense suficientemente el abandonar el paro, mientras se tiene.

c) el «parado-asistencial», un número no pequeño de ciudadanos que ya han hecho su vida a vivir de prestaciones sociales (ellos, sus hijos, sus familiares) de varias instituciones, y cuya recuperación para el mundo del trabajo es muy difícil.

d) el «parado-activo» o «parado-choyista», que compagina el cobro del paro con la realización de trabajos en la economía sumergida, a veces en connivencia con la empresa que formalizó su despedido.

Es obvio que la valoración discriminada de estos tipos de paro podría llevar a tratamientos disímiles y más justos de los mismos. Es evidente también que, mientras sobre el «parado condicional» no cabe más que algún tipo de consideración moral, sobre los tipos c) y d) caben otro tipo de juicios. ¿Cuántos son unos y otros? No tengo datos para saberlo ni nadie los tiene. ¿Un cinco, un diez, un quince por ciento del total de parados? ¿Más? Lo que sí es cierto, a juzgar por indicios verosímiles, es que son unos cuantos miles. » Leer más: ¿Hablamos en serio del paro?

A Isidro Caballero Sardina y a todos los amantes de los bolos

Hablar de la enseñanza en este país es enormemente aburrido, por reiterativo e inútil. Con todo, y al calor de la polémica desatada por doña Esperanza Fuenciscla Aguirre y Gil de Biedma, y en vista de las numerosos regüeldos emitidos por el decir morciellesco, digamos algo.

En primer lugar, sobre las dos propuestas de la doña. ¿Qué efectos tendría la consideración de “autoridad pública” para los docentes? En primer lugar, la obvia: las penas por agresión a quien goza de una figura así son mayores (como, por otro lado, ha recordado la Fiscalía General del Estado). ¿Limitaría esa consideración algunas vejaciones o lesiones? Es posible. En todo caso, llama la atención que quienes piden más leña para evitar que nadie conduzca a velocidad o habiendo tomado un vaso de vino, demandan más palo para que nadie fume en público, exigen más látigo para los abusones de mujeres, entiendan, sin embargo, que la amenaza de más penas para los agresores de profesores no tendría efecto disuasorio alguno.

Pero es en un ámbito más trivial y cotidiano donde la figura legal adquiriría más importancia, en el del valor del testimonio o palabra del profesor con respecto a las faltas o transgresiones del alumno hacia sus compañeros o hacia el propio docente. En efecto, el sistema de prejuicios o supuestos que rigen las relaciones en la enseñanza se basa en dos patas: la primera, que el alumno es un dechado de perfecciones; la segunda, que el profesor es un acúmulo de error y maldad. Sobre ello, para corregir las conductas inadecuadas o perjudiciales de los alumnos, se ha montado un procedimiento parajudicial donde la palabra del discente tiene tanto valor como la del docente. De ese modo, las aseveraciones del maestro sobre la conducta impropia del escolín pueden verse sometida a contradicción, hasta el punto de que, a veces, ha de buscar testigos para acreditar la veracidad de sus afirmaciones (que el alumno faltó a un compañero o acosó a una compañera, que dijo o hizo tal o cual cosa en clase, etc.). Que un sistema que debería ser jerárquico convierta al profesor no ya en un mero “primus inter pares”, sino en un “primo” entre iguales, que se equipare la persona de un rapazacu y su palabra con la de un profesor no es, evidentemente, nada que refuerce la autoridad del docente y su capacidad para ejercerla. » Leer más: Profesorado y discurso conservador