Circula por ahí un chiste a propósito de los sermones de Pere Navarro y los suyos: «La DGT afirma que, de cada diez accidentes de coche, tres de los conductores bebieron. La conclusión es que vale más ir bebido que conducir abstemio». Pero el dicho no es simplemente una facecia, es lo único que, en rigor, se puede concluir —no se me escandalicen— de las estadísticas de la DGT, tal como nos las presentan. Porque en esto de las estadísticas sobre el tráfico y sus eventos, la DGT realiza una permanente fabulación en la interpretación de los datos y en las conclusiones que de ellos extrae, confirmando así la máxima de Benjamín Disraeli: «Hay tres tipos de mentiras: mentiras pequeñas, mentiras grandes y estadísticas».

Pero no es mi propósito hoy analizar toda esa logomaquia embaucadora y recaudadora, sino mostrarles un nuevo disparate a donde nos lleva la conjunción de los Pere Navarro y los cefaloñálguidos de las Cortes o Parlamento.

Sabido es que el límite máximo de velocidad en las autopistas y autovías españolas es de 120 Km por hora. Por otro lado, el límite de velocidad de 100 km/h en vías rápidas y carreteras nacionales puede ser superado en 20 km/h momentáneamente, para adelantar. En principio, por el contrario, en las autopistas y autovías nadie podía exceder el límite señalado, ni para adelantar ni por otras razones. Ahora bien, en la práctica ese límite podía ser superado por una tolerancia consentida, primero de un 20% y, desde hace poco más de un año, del 10%, tolerancia que no tenía —a mi juicio— la intención de facilitar la circulación de los vehículos, sino el evitar que la Administración perdiese demasiados pleitos. En todo caso, el límite de velocidad no sancionable estaba situado hasta ahora en los 132 km/h.

Pues bien, la próxima nueva Ley de tráfico y circulación —ya votada en el Congreso— establece que de ningún modo se pueden sobrepasar los 120 km/h, ni siquiera para adelantar. Les pongo algún supuesto de sus consecuencias. Si usted se encuentra en una autopista con un coche que circula a 119 y usted lo adelanta a partir de la distancia reglamentaria (144 metros, separación de seguridad) sin superar el máximo de velocidad (120), tardará algo más de 17 minutos en realizar la maniobra completa de adelantamiento (distancia al coche inmediato, superación de éste, nueva distancia de seguridad antes de la reincorporación al carril izquierdo). Eso si el suelo está seco, si está mojado tardará usted el doble. Un conjunto de diez coches que realizasen esa misma maniobra estarían casi una hora y media circulando por la izquierda. » Leer más: Contra Pere Navarro y su sostén

El 30 de agosto, domingo, don Fernando Lastra publicaba en La Nueva España un artículo titulado «A propósito del Estatut y del señor Ernest Maragall», en el que acusaba a éste, socialista como él, de «no ser socialista» «ni prudente» por exigir que el Tribunal Constitucional no tocase el Estatut, dado que consiste en un pacto entre dos poderes «federales», Cataluña y Euskadi.

El señor Lastra olvida que, al menos desde el 30 de agosto del año 2003, con la llamada «Declaración de Santillana», todo el Partido Socialista ha venido propugnando la existencia de un estado federal (recibió la explícita denominación de «Federalismo asimétrico» por parte del PSC y de Pascual Maragall, hermano de Ernest) previo a la Constitución y paralelo a ella, y la necesidad de una financiación superior para Cataluña. Fruto de esa concepción del Estado ha sido la gestación del Estatut como un pacto entre dos “naciones”.

Es esa concepción —a la que respondía aquella zapaterina frase de «aceptaré el estatuto que venga del Parlamento Catalán»— del Estado la que ha dirigido todo el proceso que ahora se encuentra atascado en el Constitucional. A reconocerla, a conseguirla, a impulsarla ha contribuido todo el PSOE: jaleándola, aplaudiéndola, votándola. También la FSA, su Secretario General, su Ejecutiva, sus diputados, sus senadores. Uno, que todavía goza de cierta memoria, recuerda cómo responsables socialistas asturianos salieron al balcón de la Generalitat para felicitarse del triunfo de Pascual Maragall, es decir, de la puesta en marcha de la plasmación federal del Estado en el Estatut: y cómo después, próceres de la FSA (entre los que se encontraba don Fernando Lastra) y del Gobierno areciano saludaron el texto catalán como un texto «progresista, solidario, de izquierdas, que iba a calmar las tensiones territoriales por veinticinco años, bla, bla, bla, bla, bla, bla». » Leer más: Metafísico anda, Señor Lastra

Puesto que en la vida no hay casualidades, como le gusta reiterar al ex presidente Sergio Marqués —y menos en la FSA y el PSOE, añado yo—, no cabe entender otra cosa sino que un conjunto de señales apuntan hacia un cambio en el futuro cabeza de lista socialista a las elecciones autonómicas del 2011.

Dos primeros sumandos. Uno, el Ejecutivo de Areces venía repitiendo machaconamente la postura de la FSA: «Nos opondremos al AVE del Cantábrico». De pronto, la FSA acepta la posibilidad de esa vía, contradiciendo al Gobierno por sorpresa. Segundo, la orquesta Areces se niega a hacer públicos los salarios de los altos ejecutivos. Inopinadamente, el partido proclama que no se pueden ocultar. Tercera y definitiva: don José Blanco, en entrevista a La Nueva España, declara el domingo 23 que «no se puede mirar para otro lado» en el asunto del sobrecosto de El Musel. Al día siguiente una fuente anónima del partido socialista remacha: «Parece claro que el Ministro está pidiendo responsabilidades por todo lo que ha ocurrido en El Musel y en la FSA está claro también que somos partidarios de que se busquen todas las responsabilidades que puedan existir y que se actúe con el rigor que sea necesario». Hagamos una aclaración previa: es el Presidente del Principado quien nombra al Presidente de la autoridad portuaria y a la mayoría de los consejeros de dicho organismo; más aún, el propio don Vicente Alberto se personó, sin formar parte de él, en la reunión del Consejo que optó por adjudicar la obra del puerto a las empresas que ahora la llevan. En consecuencia, a quien apuntan tanto el señor Blanco como la FSA es a don Vicente Alberto.

Contextualicemos: El señor Blanco fue hasta hace poco el secretario de Organización del PSOE, en una Ejecutiva federal que debe su existencia a la FSA. A su vez, en esa condición secretarial y en devolución de favores, voló a Asturies a principios de siglo para hacer doblar la cerviz a don Vicente Alberto y su Gobierno en el gravísimo enfrentamiento que éste tuvo con el partido a propósito del control de Cajastur. Terminemos: la mayoría de las intervenciones de la FSA corren a cargo de Fernando Lastra, muñidor de los votos para que ganase Rodríguez Zapatero, revolvín general de la Ejecutiva, cachicán de las tropas que derrotaron la lista empujada por Areces en el último congreso de la FSA. » Leer más: Corbera en la FSA

A la memoria de Xuan Pertierra

Don Ramón María explicaba que la vida española era una deformación grotesca de la civilización europea y que, para acertar en su pintura, había que acudir a una estética deformante (esperpéntica), inspirada en los espejos anómalos de la rúa madrileña denominada El callejón del Gato. Está claro que o bien la realidad española se ha degradado mucho de entonces a ahora o bien Valle-Inclán, al decir esas palabras, hacía simplemente literatura, esto es, ocultaba la verdad con palabras bonitas. Porque, ciertamente, para describir la vida española basta con acudir a la estética de Pepe Gotera y Otilio, o, si lo prefieren, de Manolo y Benito. Con esos parámetros entenderán ustedes perfectamente la forma de actuar de Zapatero, su Gobierno y el PSOE en el asunto de los 420 euros para quienes no tienen otro tipo de subsidio de paro.

Porque después de haber berreado durante tres meses que «el Gobierno iba a realizar un gran esfuerzo para atender a las familias y parados sin ningún tipo de ayuda», después de haber ladrado que la patronal, por romper el diálogo social, había casi echado a perder la posibilidad de esta nueva generosidad zapaterina, resulta que —entre el escándalo de todos, el asombro e incredulidad de muchos, la indignación de los burlados—, la dádiva sólo alcanza a quienes hayan agotado los subsidios tradicionales a partir del uno de agosto de este año. Traduciendo el refrán latino: «Tras un año de monstruosa tumefacción que parecía presagiar un parto gemelar, el zapatero expulsó una suela gastada y agujereada».

Pero si todo ello parece una mofa cruel, las explicaciones y rectificaciones son aún peores. Una facción de los aduladores y turiferarios habituales (desde ciertos medios de descomunicación a los sindicatos) aducen que la medida «ha sido mal explicada»: quieren decir, en verdad, que, ya que los embelecos propagandísticos no han colado, conviene ahora echar la culpa a los ciudadanos por no haber entendido bien las cosas. Por su parte el Gobierno —y otra facción de los aduladores y palafreneros— sostienen que es que no se daban cuenta del alcance de la medida, y que no sabían que, en la práctica, quedaban fuera de la protección casi todos los que la necesitaban, y, más aún, que acaso no puedan hacer más porque no hay dinero; pero que, de cualquier modo, están dispuestos a ver qué pueden corregir, por lo que, para ello, van a llamar a los sindicatos, a fin de que les expliquen cuál es el estado de los parados. ¡Pues si el Gobierno desconoce la realidad e ignora cuál es el alcance de lo que legisla, ya me dirán: Benito y Manolo, Pepe Gotera y Otilio son, al pie de ellos, Aristóteles y Albert Einstein! » Leer más: ¡No le digan a mi madre que soy periodista …!

Por diversas razones ando en este verano releyendo nuestros clásicos. Y, como siempre, vuelvo a disfrutar con Teodoro Cuesta y me admiran muchos aspectos de su escritura. Aunque su imagen es predominantemente la de poeta festivo y más o menos ruralizante, lo cierto es que, al igual que muchos de los escritores del XIX y del primer tercio del XX, Teodoro fue poeta cívico (algunos de sus textos se centran en la guerra de Cuba y sus protagonistas, otros en la política internacional española), poeta ocasional (con composiciones dedicadas a Ramón de Campoamor, a Xovellanos, a Caveda y Nava, a Octavio Bellmunt, a Ventura Ruiz Aguilera, a la Princesa de Asturias…) y poeta que cantó los adelantos de la época («La inauguración del ferrocarril de Avilés»). Parte muy notable de su obra la ocupa la poesía mariana y religiosa, en que destaca de forma sobresaliente El protomártir asturiano Fray Melchor García Sampedro. En toda esta poesía de alto coturno los aciertos conviven con el prosaísmo o con la falta de viveza y es posible que, para el conjunto de ella, Teodoro, como la mayoría de los escritores posteriores, no haya conseguido encontrar ni un estilo ni un registro adecuados.

Por otro lado, no se puede negar que una parte importante de su visión del mundo, algunos valores con los que se entusiasma, particularmente, nos quedan hoy bastante lejos. Pero es también cierto que ocurre lo mismo con la mayoría de los clásicos de la literatura castellana (piénsese sólo en Quevedo) y ello no es óbice para que disfrutemos de su escritura.

Pero donde destaca muy especialmente Teodoro Cuesta es en la poesía de «estilo humilde», donde combina capacidad de observación, gracia en el decir, atención a lo inmediato, fluidez en el verso, lengua jugosa e ingenio, cualidad esta última, la del ingenio, la de la inventiva, la del hallazgo expresivo, que no se suele subrayar y que define una de las más destacadas características técnicas y ficcionales de muchos de nuestros autores —y es, paralelamente, un rasgo que requieren los lectores—. He aquí, como ejemplo, de qué modo encarece la cerrazón de garganta que le provocan unas terribles anginas: «(estoy) como llargatu na cueva, / con el pasapán tomáu / como’l Puertu cuando nieva».

Para solaz de nuestros lectores e incitación a una lectura morosa de algunos textos de Cuesta, les traigo dos muestras de una cierta extensión. En la primera, que pertenece a «El dispertar de Xuanón», pueden ustedes observar su viveza descriptiva y la gracia con que remeda ese tan popular enguedeyu meandrescu al contar que consiste en ir derivando permanentemente un dato de otro, fórmula narrativa que, por cierto, tanto enfadaba a don Quijote al oírla en Sancho: » Leer más: Invitando a leer a Teodoro Cuesta

La reciente visita de Víctor Morlán, el apéndice de Zapatero para los asuntos de ferrocarriles, a Asturies ha provocado una cierta apariencia de indignación entre algunos ciudadanos residentes (parte de ellos naturales) en nuestro país. La ha provocado por dos razones: la primera porque, frente a lo prometido por la mano ministerial de Zapatero llamada Blanco, no ha dado fechas para la llegada del AVE a Asturies; la segunda, porque ha afirmado que «guste o no, Asturias ya tiene AVE (en forma de alguno de los trenes que circulan por las líneas de alta velocidad)». Eso último, en concreto, ha sonado a burla, a tomadura de pelo, a engaño a los asturianos. ¿Y por qué no iban los socialistas zapaterinos a reírse de nosotros, si lo hacen en nuestras barbas y babeamos agradecidos?

Nos promete Zapatero eliminar el peaje de El Huerna y no nos lo quita (el señor Cascos, que conste, ya nos lo había ofrecido también en el 95, para cuando ganasen). El leonés don José Luis nos promete, asimismo, que el AVE estará en Asturies en 2009. Tanto él como otros próceres socialistas de aquí nos aseveraron que en el 2009 (luego, en el 2010, luego en el 2011) estaría conclusa la autovía del Cantábrico. Frente al resto de las comunidades del norte de España el PSOE se opone a un trazado de alta velocidad por la cornisa. Nuestros próceres socialistas (los de aquí y los de allí) persiguen desde 2003 una financiación que discrimine negativamente a Asturies frente a Cataluña, y lo consiguen. Los mismos fenómenos apoyan y aplauden un estatuto para Cataluña que discrimina políticamente a los asturianos, y lo logran… » Leer más: ¿Y por qué no iban a mofarse de nosotros?

«El TSJA anula la designación a dedo de más de 200 altos funcionarios del Principado (a través de sucesivas sentencias)». El anterior titular de La Nueva España, de 6 de julio de este año, venía a resumir parte de los frecuentes fallos contra las decisiones administrativas del Gobierno socialista (anulación de oposiciones, anulación de la llamada carrera profesional para el personal no sanitario, anulación de las plantillas de los centros de enseñanza…). Esa continua mala práctica de gestión y administración socialista obedece a distintas razones: una de ellas es la chapucera forma de gobernar, administrar y legislar con que, en general, se manifiestan los diversos poderes del Estado en las últimas décadas, comportamiento en el que los socialistas, especialmente los asturianos, resultan primorosos.

Ahora bien, esa conducta rutinaria no obedece únicamente a un actuar ignorante o desidioso, sino que, especialmente en los casos que afectan al empleo, responde a una voluntad deliberada de exhibición de poder, con su corolario de sumisión de los individuos y fidelidad electoral. Efectivamente, quienes saben que, por ellos o para ellos, se ha violentado la ley refuerzan su compromiso si ya son propios, agradecen la dádiva si son próximos, toman nota de cuál es el camino, si ajenos. Y todos, unos y otros, saben quién tiene la fuerza y cómo la hace sentir, dulce o amargamente, según el «corrimiento hacia el rojo» que uno tenga con respecto al manantial de beneficios.

En cualquier caso, ese proceder socialista con respecto al derecho no es de hoy ni se produce únicamente en el ámbito de gobierno de la administración del Estado. Podemos recordar una de sus manifestaciones en la interpretación torticera de la Constitución que durante la II República se hizo para desalojar a Alcalá Zamora de la Presidencia (con las consecuencias que ello conllevó). Es también notorio en el conjunto de la redacción del estatuto de autonomía de Cataluña, por ejemplo, estableciendo en él —en la parte—, cómo debería ser la futura legislación de financiación de las autonomías —del todo—, anomalía que, con su habitual sutileza expresiva, ha subrayado hace poco en estas páginas don Bernardo Fernández Pérez. Se advierte en las reiteradas amenazas del Honorable Montilla, en caso de que el Tribunal Constitucional modificase sustancialmente el nuevo estatuto catalán. » Leer más: Despreciando la ley: ventajismo e identidad corporativa

Después de más de un año se ha roto el llamado «diálogo social», con gran preocupación de unos, con escándalo de otros y con estrépito revoloteante por parte del presidente del Gobierno central, don José Luis Rodríguez.

Y, sin embargo, no es ese el escándalo. Lo extravagante y anómalo es que dos grupos de personas a los que nadie votó para ello —vamos a dejar de lado su representatividad— estuviesen usurpando la soberanía popular para acordar y decidir entre ellos cuestiones de tipo legislativo y económico. Porque no se trataba de que se consultase a los interesados, patronos y sindicatos, acerca de cómo veían las cuestiones que a ellos les afectaban, sino de que tomasen decisiones sobre el conjunto de la nación y de los individuos que la conforman.

(De todas formas uno, en su ilimitada ingenuidad, pensaba que los partidos políticos conocen de por sí la realidad, sin falta de que nadie les cuente cómo es, dónde están los problemas y de qué forma se pueden abordar, o que, en el peor de los casos, tienen establecida permanentemente una línea de información y consulta a fin de conocer lo que ocurre en el mundo. Pero ya se ve que uno es un cándido.)

Subrayémoslo: lo censurable de lo que aquí llaman algunos «diálogo social» no consiste en que se pretendan conocer las inquietudes de un grupo de patronos y de algunos sindicatos, sino en delegar en ellos la acción legislativa y de gobierno. Eso no tiene más que un nombre: primorriverismo, corporativismo, democracia orgánica. Que después los procuradores en Cortes —incluido el exotismo de los saharahui-catalanes y los guineo-vascos— sancionen lo acordado fuera del ámbito de la soberanía nacional no elimina esa condición. » Leer más: ¿Pero qué diablos negociaban estos tipos?

Cuando se produjo el nuevo encuentro entre el PSOE e IU para repartirse el Gobierno, manifesté mi opinión: «En lo económico y en el empleo se acentuarán las peores tendencias del PSOE, con una mayor proclividad al gasto y al endeudamiento; en lo cultural y en otros muchos aspectos, el programa que IU parecía defender desaparecerá; y, en algunas cuestiones, como la de la eliminación de basuras, nos saldrá muy caro».

Me he equivocado, en la práctica, en el primero de los aspectos: la situación económica es tan mala que la capacidad de empeorar las cosas se ha limitado al artificio de hinchar los números de los ingresos en los presupuestos de 2009, a petición del socio minoritario. La realidad no ha dado para más despilfarro, aunque, la verdad sea dicha, para dilapidar, dilapidar (en concepto de lucro cesante, de capital inmovilizado o inutilizado, como proyectos futuros de costo desmedido e injustificable), ya se las arregla solo el socio mayoritario.

En el segundo punto no he errado: la voz de IU ha desaparecido —como no podía ser de otra manera, por otro lado: no se pueden repicar sillones y andar en la procesión de las pancartas— y las cuestiones que la formación jesusina decía liderar las ha llevado el Sumiciu (ente que, como se sabe, sobre hacer desaparecer las cosas, pone en paradero desconocido los escrúpulos y las voces discordantes). Por cierto, ¿qué ha dicho IU del reparto en la financiación autonómica? ¿Han oído ustedes algo?

Ello ha empobrecido aún más a una comunidad como la nuestra, donde la opinión pública, si es que existe, no se manifiesta, y el único partido de la oposición parlamentaria no tiene más entidad que el eco de un volador: si hace buen tiempo y las montañas no lo impiden, los españíos de los disparos en Madrid, llegan aquí como una reiteración apática y con escasa fuerza. Esa es toda la artillería del PP: sus ideas sobre Asturies son inexistentes. » Leer más: ¡El que venga detrás, que … arree!

Digámoslo de mano, unos nuevos criterios de financiación eran necesarios, al haber crecido notablemente la población en algunas comunidades y al no contemplar el vigente sistema la posibilidad de modificar esa variable. Añadamos: muchos de los parámetros del próximo sistema vienen condicionados por el estatuto de Cataluña: así la mejora de la posición relativa de esa comunidad por encima de la media, así el que el Estado sólo comprometa la igualdad para toda España en sanidad y en educación (y, de forma más imprecisa, en «servicios sociales»). Subrayemos: ¿Quién duda de que ha sido la necesidad de los apoyos parlamentarios de ERC (en Cataluña y en Madrid) la que ha obligado a que el tramo final de la negociación, el último fin de semana, se haya establecido entre el gobierno central y ese partido, bien para que la administración central cediese en 300 millones más, bien para fingir que se le arrancaban ese dinero? Recordemos: desde el año 2003, toda la organización del PSOE, de Zapatero a Montilla, de Areces a la FSA, han venido laborando afanosamente por una financiación que primase a Cataluña. Lo que ahora tenemos, pues, es fruto de esa reiteración de voluntad y votos.

Establecidos estos datos y consideraciones previas, cabe hacer algunas más. En primer lugar, lo que parece una cierta falta de rigor o seriedad en todo ello. ¿Cómo es posible que la suma adicional de la nueva financiación alcanzase hace un año el monto que se decía infranqueable —tras muchos tiras y aflojas— de 9.000 millones y que esa barrera se haya superado después, hasta los 11.000? Pero es que, además, nadie sabe exactamente de qué se está hablando, pues la única cifra garantizada para este año son 6.000 millones, el resto son estimaciones para el 2012, y, por otro lado, las cifras que, a día de hoy, las comunidades parecen deducir de los nuevos vectores de reparto suman bastante más de los 11.000 millones.

Esa oscuridad es probablemente una de las razones por las que la señora Salgado no quiera dar cifras concretas para cada comunidad, pero otra lo es, sin duda, los aspectos poco presentables del pacto, la desigualdad evidente de esa traducción a favor de algunas pocas comunidades. » Leer más: Financiación: cubileteo, imprecisión, desigualdad

Entre la llacuada de lecturas atrasada que el verano me permite realizar, he leído Más collaboraciones n’asturianu na revista Asturias de Buenos Aires, publicado por la Academia. En ella se recogen textos que van de 1918 a 2005, preferentemente poesía, pero también prosa e, incluso, la partitura y letra de La paxarina, de Juan Martínez Abades.

La mayoría de las producciones son textos que se publicaron, en su día, aquí y allí, o que, seleccionados oportunamente, se volvían a reiterar años después de compuestos. En cuanto a su cualidad y lenguaje literario, presentan las mismas características que la literatura hecha en el país: algunas prosas reservan el asturiano sólo para los diálogos de los inferiores socialmente (conforme al mandato que en la posguerra emitiera el IDEA), predominan las visiones humorísticas y costumbristas, la sentimentalidad se encarna predominantemente en un topos arcádico nunca existente… Con todo ello, descuellan algunos escritores-escritores, así Marcos del Torniello (el autor, como ustedes saben, de la letra del Soi de Verdiciu) o el magnífico Adeflor, un costumbrista que es único en la captación de los tipos populares y su lengua (sigue su estela, hoy, por cierto, Montserrat Garnacho), y en el desarrollo y la solución de las escenas en que construye esos tipos.

Esa presencia de la literatura asturiana (esto es, en lengua asturiana) en el exilio no se da únicamente en la Argentina. En Litora cantábrica (2004) he señalado y analizado el mismo tipo de escritura en Uruguay, México y Cuba. » Leer más: Reconocimiento y homenaje

Entre los variados mensajes que se elevan en el aire como emanaciones del lodazal de la crisis está el del liberalismo. Según este discurso, la única receta válida de actuación sería dejar que la avenida de las aguas discurriese sin que nadie le pusiese freno ni la encauzase, o, dicho en otros términos, que el mercado actuase libremente. De ese modo, habría justicia, la economía se sanearía y recobraría su pulso con mayor prontitud, el futuro se despejaría antes.

Es cierto que el mercado como guía es cien veces preferible a una economía planificada. Como nos ha demostrado la experiencia en los últimos cien años, el mercado –es decir el libre juego de los actores sociales— crea más riqueza y la distribuye de forma más eficiente que cualquier otra fórmula; del mismo modo, atiende a las nuevas demandas con mayor prontitud, rectifica antes su rumbo, asigna mejor los recursos, evalúa costos y precios. Es asimismo indubitable que la economía planificada como sistema generalizado es inseparable de la dictadura, de la ineficacia, la desigualdad y la corrupción. La economía de libre mercado no es capaz de evitar en algún grado la corrupción (pero la puede detectar y corregir) y exhibe siempre el espectáculo nunca satisfactorio de la desigualdad; la dictadura es, a veces, relativamente compatible con el mercado, pero la ineficacia y la corrupción son inherencias inevitables de ella.

Pero dicho eso, la demanda de la inhibición del estado ante las crisis, la exigencia de que no se intervenga para que argaye lo que tenga que argayar, el suspirar por el fuego acendrador de la destrucción creativa no es más que una pura superstición, la reiteración de una jaculatoria sin contenido. » Leer más: La superstición del liberalismo

El 20 de enero de este año publicaba yo en estas páginas un artículo titulado “¿En el 2011? Permitan que lo dude.” Lo que cuestionaba en él eran los pronósticos que el Gobierno hacía de que en el 2011 la economía española comenzaría a crear empleo. Y lo hacía basándome, entre otras cosas, en que ni se había puesto en marcha ninguna de las reformas profundas que necesitamos (comercio, energía, empleo, administración, capacidad tecnológica y un largo etcétera) ni Zapatezeus parecía dispuesto a emprenderlas. En aquel momento, por otro lado, las previsiones del Gobierno eran éstas: durante el 2009 se destruirían 600.000 empleos, el paro llegaría al 15, 9% (cuatro millones), el déficit alcanzaría el 5,85% de lo presupuestado para gastar y el PIB decrecería un 1,6%.

Hoy, menos de cinco meses después, las previsiones de quienes llevan el timón de la nave hacia les restingues son que este año la caída del PIB será del 3,6% y el déficit llegará al 9,5%. Por otro lado, la tasa de paro se situaba en el primer trimestre (datos EPA) en el 17, 36% y se habían destruido 766.000 empleos en sólo ese tiempo. Y fíjense cómo andarán las cosas del paro que el gobierno, en el consejo de ministros del día 12, ha tenido que acudir a un crédito extraordinario de 17.000 millones de euros para afrontar las prestaciones por desempleo.

Este reconocimiento de la nueva situación lo realizaba, en lo sustancial, doña Elena Salgado, la ministra de Economía, quien, pocas semanas antes, había afirmado aquello de que en el horizonte estaban apareciendo “algunos brotes verdes”. Pero bastó con que pasasen menos de cuatro semanas para que se le pudiese cantar aquello de nuestra tonada: “Al saltar la portiella vite los baxos, vite los baxos / non llevabes puntielles, yeren pendaxos”. » Leer más: Nun yeren brotos, yeren escayos

La primera de las evidencias que se desprenden de la amplia victoria del PP en las elecciones europeas (casi un 4% de sufragios y 500.000 votos sobre el PSOE) es que Mariano Rajoy ha acertado en el tono que quiso dar a su partido tras el congreso de Valencia convirtiéndolo en un partido menos hosco y con menos aristas, menos rozcayeiru, de lo que era con Aznar y de lo que fue durante la primera legislatura de Zapatero. El éxito, por otro lado, tiene aún mayor valor si consideramos dos vectores: el primero, que este triunfo se suma al de Feijóo en Galicia y a la magnífica gestión de sus escaños, en Euskadi, por Antonio Basagoiti; el segundo, el que, durante más de cuatro años, el PP vagó por los predios públicos como un partido apestado, con el que nadie quería tratar ni negociar.

Yo nunca creí que Mariano Rajoy no fuese a encabezar la candidatura conservadora para las próximas elecciones generales. Lo dije a quien quiso oírme antes del congreso de Valencia y en los meses subsiguientes, en que algunos pensaban ­­—y otros laboraban para ello firmemente— que la presidencia de Rajoy iba a disolverse con tanta rapidez como una medida de Zapatero contra la crisis: porque es conocer muy poco el ser de los partidos pensar que, salvo en situación al borde del abismo, estén dispuestos a embarcarse en aventuras cuyo final se ignora; del mismo modo, constituye también un sueño el pensar que personas de un partido con un estatus asegurado vayan a correr el riesgo de proclamarse candidatos si no tienen la seguridad de ganar. En cualquier caso, el de Santiago de Compostela no sólo tiene ahora garantizada su candidatura para el 2012, sino que va a disminuir el ruido de quienes pedían un tipo de oposición más vocinglera o al dictado de la agenda de algunos medios de comunicación.

En toda Europa la participación ha vuelto a ser escasa, un 43%. ¿Tiene ello alguna explicación? Pues, aparte de la menor proximidad emocional que suscitan en el ciudadano estas elecciones en relación con las de su país, conviene dejar sentado que una parte de lo que se quiere que sea Europa tiene mucho de camelo, de discurso que, por más que se engole la voz y se cuente en términos altisonantes, no interesa más que a parte de la casta política y a algunos intelectuales. Y, por otro, lado, la construcción de la Unión se atropella, se pone cada poco tiempo una nueva meta hacia la que correr afanosos, sin pararse a reposar un segundo en lo ya conseguido y, sin esperar, ni mucho menos, a que ello se asiente en la percepción de los ciudadanos. » Leer más: Evidencias tras las europeas

Hacía más de un año que no ocurría, pero ha vuelto a aparecer. Abrilgüeyu, mi trasgu particular. Como siempre, en la pantalla de mi ordenador, esta vez sobre el ojo de la webcam. Tapo los oídos para no contestar a sus requerimientos pero es igual, en la pantalla van apareciendo, a velocidad de vértigo, las frases que debe de estar diciendo:

«Un Tribunal Constitucional que tarda tres años en resolver sobre el Estatut de Cataluña (dejemos de lado lo de la lista de Sastre y sus boys). Un partido político, la sucursal del PSOE en Asturies, que persigue a lo largo de un lustro que los catalanes tengan más financiación y más competencias en detrimento de los asturianos; que, al mismo tiempo, acepta cualquier tipo de solución en las vías férreas para llegar a la meseta (por no hablar de su posición histórica al respecto). Otro partido político, la sucursal del PP en Asturies, que apoya estatutos en Baleares, Valencia y Andalucía, que, como el de Cataluña, comprometen la financiación para los asturianos y que, sin embargo, es incapaz de cerrar un acuerdo aquí, en este país; al que, por otro lado, jamás se le ha oído un análisis de la realidad asturiana ni conocido una propuesta, salvo la matraca de lo buenos que fueron Cascos, Aznar y Rato. Un gobierno, el de Areces, que desgobierna de tal forma que pone en marcha para los empleados públicos una llamada carrera funcionarial que no tiene base legal alguna, que constituye una arbitrariedad y que va a traer un montón de complicaciones, colectivas e individuales. Unos sindicatos que firman todo esto y no lo firman. Que, al mismo tiempo, apoyan al Gobierno y no lo apoyan…».

«Dime —concluye ante mi gesto de apagar el ordenador para quitarlo de delante—, ¿qué empresa?, ¿qué sociedad?, ¿qué particular aguantaría tanta incompetencia, tanta ineptitud, tanto mangante, tanto daño a las arcas públicas, tanta traición hacia quienes depositan en ellos su confianza en forma de voto, tanta logomaquia, tanto engaño, tanta mentir…». » Leer más: ¿…O inmadurez?

A José Luis Álvarez del Busto y Amigos de Cuideiru, por su bien hacer.

El Gobierno zapaterino acaba de tomar dos decisiones de no unánime asentimiento: que las niñas de 16 años puedan abortar sin conocimiento de sus padres y que la píldora postcoital pueda ser despachada sin ningún tipo de receta (como venía siendo obligado hasta ahora) a cualquier ciudadano. No voy a discernir aquí el valor intrínseco de ninguna de las dos medidas, me limitaré a señalar la perplejidad que despierta su concurrencia con otra normativa referida a la compra de fármacos o a la capacidad legal para tomar algunas decisiones en función de la edad.

En primer lugar, se puede reflexionar sobre el que, mientras el Gobierno nos sigue considerando menores de edad a lo largo de toda nuestra vida para comprar algunos medicamentos sin receta (un antibiótico, por ejemplo, ciertos antivirales), ha pasado a juzgar ahora que, ­para la adquisición de la píldora del día después, cualquier persona, incluidos los adolescentes, tiene suficiente razón y juicio.

No llama menos la atención el hecho de que el Gobierno entienda que los jóvenes no tienen, hasta los dieciocho, la madurez y juicio necesarios para adquirir o consumir alcohol o tabaco. Tampoco para tatuarse o plantar en sus carnes un espetu. Asimismo, en un ámbito de mayor gravedad, resulta chocante el concepto de que los rapazos son autónomos y plenamente maduros para decidir en torno a su sexualidad, pero que no lo son para responder penalmente de los crímenes que pudieran cometer. » Leer más: ¿Camino hacia los monos y los perros?

El discurso sobre la crisis ha puesto de manifiesto mucha incompetencia, mucha mentira y mucha desorientación en los discursos de los economistas y los políticos. Diagnósticos y pronósticos han sido en su mayoría, al igual que las actuaciones, más palos de ciego que otra cosa. Algunas de las afirmaciones sobre el discurrir futuro han destacado especialmente por constituir un puro eructus vocis, una especie de cruce entre la babayada —el puro hablar por no callar— y el conjuro mágico. Permítanme destacar cuatro de ellas.

Entre las más recientes y notables se encuentra la que, con motivo de la visita a nuestro país, el jueves 23 de abril, pronunciaba en portada de La Nueva España el Ministro de (Cada Vez Menos) Trabajo, don Celestino Corbacho: «Para crear más puestos de trabajo y salir de la crisis hay que activar el consumo, no abaratar el despido». Desde luego, con esta tochura, don Celestino Corbacho (¿de la inteligencia?) bien puede ocupar un puesto de honor al lado de aquel presidente estadounidense de los años veinte del siglo pasado, Calvin Coolidge, que llegó a enunciar aquella perogrullada de que «si se despide a mucha gente se produce paro». Porque es evidente que, si hay dinero, hay consumo. El problema es cómo conseguir que haya dinero, esto es, trabajo. Pues, de otra manera, ¿cómo va a gastar quien no tiene para ello por no ganarlo o cómo hacer que el que aún tiene ahorros no tema por su empleo futuro? Por lo demás, ese camino ya lo intentó este gobierno con los 400 euros que devolvió y no tuvo ello ninguna incidencia en la economía.

Aguantó casi dos años en cartelera el recitado de que «ahora que la construcción va perdiendo fuerza tomará su puesto la industria como creadora de empleo». Recordarán ustedes que no constituía sólo una logomaquia de políticos o sindicalistas, sino que abundaban en ello también algunos expertos en economía. Y, sin embargo, la proposición carecía por completo de sentido. En primer lugar, porque si la industria hubiese sido rentable ya habría tenido en aquellos momentos una mayor proporción en el PIB y en el empleo. En segundo lugar, porque la rentabilidad (la posibilidad, en realidad) de la industria implica una superior concentración de capitales que la construcción, necesita de complejos procesos de conocimiento y técnica, un mayor tiempo para su inserción en el mercado y, sobre todo, depende de la capacidad de las nuevas industrias para competir en el ámbito internacional, tanto en innovación como en calidad y precio. » Leer más: Entre la babayada y la magia

Muchos lectores de cierta edad, asturianos y no asturianos, habrán reconocido en el título el estribillo de una de las versiones del Mambrú se fue a la guerra, tan popular en los juegos infantiles a lo largo de siglo y medio. El texto es uno de los muchos recogidos por Braulio Vigón en el libro en que, en su día, la Biblioteca Popular Asturiana acollechó varios de los estudios etnográficos del autor colungués.

Si ustedes se acercan (requisito obvio, tener cierta edad) al citado volumen y hojean las extensas páginas dedicadas al folklore infantil, a sus pasatiempos, a sus cantares, se sentirán ligeramente invadidos por una cierta bruma de señardá al encontrar tantos juegos (Atapar la calle, el píu campu, la tángala, el pañuelu, a la una pica mi mula, alzo la maya…) y tantas formulillas, en asturiano o en castellano, que ustedes han recitado: —¿Qu`hai nesta arquina? ¬—Pan y sardina; —Al engruñu. —Abri’l puñu; —Criáu. —Señor. —¿Cuántos panes hai en fornu? —Venticincu y un quemáu… Pero, más allá de esos instantes de melancólica evasión temporal, cabe realizar una primera reflexión: todo ese mundo está muerto o tiene una sobrevivencia apenas constatable. Y una segunda: que esa desaparición abrupta y casi absoluta de la cultura de las generaciones anteriores es una novedad histórica.

Es cierto que la idea del tracamundiu los tiempos, la impresión de que el presente supone una apreciable (y dolorosa, por lo general) ruptura con el pasado es tan vieja como el mundo. No otro concepto encierra el mito de la Edad de Oro, que Hesíodo enuncia, seguramente plagiándolo de otro plagiario. Pero dando eso por sentado, y centrándonos sólo en los juegos infantiles (cabría atender, asimismo, a la literatura oral, al cuento, a la leyenda, a los romances o baladas), podemos constatar que se ha roto una tradición de la cual algunos elementos tienen siglos o milenios (las tabas, la peonza, por ejemplo). En ese mundo del juego infantil se han producido, en sustancia, los siguientes fenómenos: ha perecido la transmisión intergeneracional, se ha reducido mucho el ámbito espacial en que esos juegos se realizaban (ya no es la calle ni la plaza, apenas el colegio), han desaparecido las invenciones locales para ser todas estatales o internacionales, los juguetes artesanales han dado paso a creaciones industriales de alguna o mucha tecnificación, las diversiones han dejado de ser colectivas e interpersonales para pasar a ser fundamentalmente individuales. ¿Es ello mejor o peor? En cualquier caso, lo que es indiscutible es que, entre otras cosas, resulta más caro. » Leer más: Cantando el PÍO, PÁ. CARABÍ HURÁ

La «suelta» ­—por error, por confusión, por lo que sea— del mafioso albanés Astrid Bushi es uno de los episodios más graves que hayan sucedido en España en los últimos tiempos. No es un evento aislado de pésimo funcionamiento de la justicia, podrían sumarse a él otros muchos recientes: la liberación de narcotraficantes por «despistes» de los jueces en los plazos, el caso de Mariluz Cortés, la misma suelta de otro de los criminales del clan de Astrid Bushi hace poco… Por otro lado, todos ellos no son sucesos cuyo significado se agote en ellos mismos, sino que son síntomas de un grave deterioro del Estado, en su vertiente judicial y policial, ciertamente, pero también en algo más profundo aún.

Hagamos un breve repaso: las causas ordinarias, sobre tardar en ser resueltas, sufren habitualmente demoras injustificables; existe una escandalosa desproporción entre las penas correspondientes a unos delitos y a otros, en virtud del momento en que se haya legislado sobre ellos o de la moda que haya impulsado dicha legislación; faltan medios en los juzgados para el despacho de los asuntos; no existe un archivo centralizado al que todos puedan acudir para obtener información sobre sujetos o causas (como ocurrió en el episodio de la desgraciada joven sevillana); policía, instituciones penitenciarias y juzgados tienen procedimientos de coordinación tan complejos y poco seguros que pueden ocurrir eventos del estilo del de los bandidos albaneses antedichos; organismos de revisión o control legislativo como el Supremo o el Constitucional pueden pasar años sin resolver asuntos de la máxima enjundia y urgencia, tal el estatuto de Cataluña. Sobre no agotarse aquí la lista, cabe señalar que algunos de estos parámetros tienen efectos sobre la economía y la vida social, como lo relativo a la legislación y los pleitos por deudas e impagos, empresariales o particulares. » Leer más: Un estado deteriorado

Como continuación de una línea que viene desarrollándose, de forma explícita o implícita, en los últimos cuatro años, el Gobierno del PSOE ha ofrecido primas de entre cinco mil y diez mil euros a los médicos que rebajen el costo de las medicinas que recetan a sus pacientes (bien por darles menos, bien por prescribírselas más baratas) y que reduzcan el número de pruebas clínicas que encargan.

Es cierto que en los últimos tiempos el gasto sanitario viene disparándose de forma progresiva y que amenaza con llegar a cotas insostenibles; no lo es menos que muchas de las pruebas que se encargan tienen sólo una utilidad muy pequeña y que, en muchos casos, no son más que la confirmación de lo que la experiencia del médico intuye o prevé. Ahora bien, aunque sea muy marginal la capacidad de información que muchas pruebas clínicas suministran, tienen —desde el punto de vista del profesional— dos virtudes: confirman su previsión y establecen cuál es el vector de intensidad con que se presenta el problema diagnosticado. Cuando no es así, en los demás casos, informan sobre anomalías no vistas o modifican el criterio inicial. No debe olvidarse, por otro lado, el que en una sociedad de pleitos y reclamaciones indemnizatorias como la que vivimos, las pruebas clínicas vendrían a constituir, en su caso, una confirmación de la buena praxis médica del galeno cuestionado por su proceder.

Desde el punto de vista del enfermo, el que se realicen exploraciones radiológicas o análisis, indagatorios o confirmatorios, significa —más allá de un derecho abstracto—, la posibilidad de eliminar el albur sobre su salud, ya porque se conozca el estado de la misma (bueno o malo) con precisión, ya porque esas exploraciones anticipen malignidades que aún no han detectadas o no se han presentado y, por tanto, pueda acometerse su solución con razonables perspectivas de éxito.

Pues bien, lo que el Gobierno del PSOE e IU viene a proponer, desde el ángulo de los galenos, es que éstos renuncien a ciertos instrumentos de diagnóstico o de eficacia farmacéutica, disminuyendo la seguridad de la certeza en la evaluación y en el tratamiento; desde el punto de vista de los ciudadanos, que estos corran con el azar de un mayor margen de error en el diagnóstico, de una tiempo más dilatado en la curación de su enfermedad o, en peor de los casos, de la ignorancia de una amenaza grave para su salud, hasta tanto ésta no se manifieste. » Leer más: La cuncupiscencia como herramienta sanitaria

En declaraciones a La Nueva España del 16/03/09, don Francisco Javier Valledor estima que debería irse a la creación de un nuevo partido que constituyese algo así como una refundación de la izquierda. Nada que decir sobre ello. Ahora bien, uno no puede evitar un surtíu, un sobresalto, al oír la ocasión que don Francisco Javier señala como la idónea para plasmar el alumbramiento «el momento simbólico del 75 aniversario de la revolución de octubre, que se celebra este año».

Y es que escoger esa fecha como anclaje simbólico, emocional e identitario es lo mismo (mutatis mutandis, pero no tan mutatis mutandis) que elegir como data inaugural de un proyecto la de la coventrización de Guernica o la del golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Porque ¿qué es la revolución de octubre de 1934, sino un golpe de estado (en la más benigna de las consideraciones) o (en la más verosímil) la voluntad de establecer un estado totalitario de signo socialista/comunista? Y si bien aquellos acontecimientos se pueden «entender» o «explicar» en el contexto de una Europa donde una parte importante de la población —de lado y lado— estaba dispuesta a aniquilar a la otra parte y a suprimir cualquier forma de democracia para hacer advenir el «mundo nuevo», el «orden nuevo» o el «hombre nuevo», identificarse y proyectarse hoy, emocionalmente e ideológicamente, sobre aquel estado de cosas, equivale a darlo por bueno como proyecto actual, al menos en sus valores, ya que no (queremos creer, si somos piadosos) en sus métodos. » Leer más: El cuélebre amatagáu